La guía INE contra el uso de programas sociales con fines electorales hacia 2018

El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió una serie de lineamientos que limitan la actuación de servidores públicos, sus informes de labores y la propaganda, con la intención de garantizar la equidad de la competencia de cara a los comicios de 2018.

Los consejeros electorales aprobaron reglas para definir las conductas contrarias al principio de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos, los cuales entrarán en vigor a partir del inicio de los procesos electorales —este viernes 8 de septiembre— y hasta la conclusión de la Jornada Electoral... a menos que alguna impugnación los invalide, como perfilaron los representantes del PRI y del Partido Verde.

Entre las medidas adoptadas en la sesión de Consejo General del pasado martes destaca la prohibición de entregar tarjetas —elemento que levantó controversia en las pasadas elecciones en el Estado de México y en Coahuila.

“Durante los procesos electorales no podrán ser entregados, desde el inicio de las precampañas, los beneficios de dichos programas en eventos masivos públicos y que se considerará presión sobre el electorado la entrega de tarjetas que impliquen un beneficio directo futuro o condicionado a un proceso electoral”, dijo el presidente del INE, Lorenzo Córdova.

El consejero electoral Ciro Murayama confió en que esta determinación ayude a impulsar la denuncia de ilícitos en el proceso 2017-2018.

“Se están convirtiendo estos catálogos, en un herramienta al servicio de partidos y ciudadanos, para que si encuentran comportamientos que, desde su punto de vista, les parezcan tramposos, electoreros de funcionarios públicos lo denuncien ante las distintas autoridades electorales”, manifestó.

A continuación te presentamos un resumen de aquellas conductas que, de acuerdo con los nuevos lineamientos, violan el principio de imparcialidad:

• Entregar, prometer, condicionar o retener la credencial para votar a cambio de la entrega de dinero, recursos en especie, obras, servicios o programas públicos a la promesa o demostración del voto a favor o en contra de algún candidato, a la abstención; inducir a la ciudadanía a la abstención o participar en cualquier tipo de actividad o propaganda proselitista en beneficio o perjuicio de algún candidato, o no asistir a cumplir sus funciones en la mesa directiva de casilla.

• Ordenar o tolerar la entrega de recursos o servicios que contengan elementos visuales o auditivos, imágenes, nombres, lemas, frases, expresiones, mensajes o símbolos que conlleven, implícita o explícitamente, la promoción de funcionarios, partidos o de abstenerse de votar.

• Ordenar o tolerar la utilización de recursos humanos, materiales o financieros que tenga a su disposición para influir, igual que emplear los medios de comunicación social oficiales, los tiempos en radio o tv del Estado o que sean contratados con recursos públicos, así como los sitios de internet y redes sociales oficiales.

• Coaccionar a servidores públicos para que funjan como representantes de partidos ante las Mesas Directivas de Casilla o cualquier órgano electoral.

• Asistir en un día hábil a mítines, reuniones o eventos públicos que tengan como finalidad influir en el voto, con independencia de que obtengan licencia para no acudir a laborar.

• Usar recursos públicos para difundir propaganda.

• Utilizar medios de transporte de propiedad pública para asistir a eventos político-electorales.

• Los informes de labores que rindan los servidores públicos en ningún caso podrán tener verificativo durante las precampañas, campañas electorales, veda electoral, e inclusive, el día de la jornada electoral.

• La propaganda gubernamental difundida desde el inicio del proceso electoral y hasta la conclusión de la jornada electoral deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, por lo que no está permitida la exaltación de algún programa o logro; abstenerse de incluir elementos de propaganda ni información dirigida a convencer de la pertinencia de una administración en particular; y limitarse a identificar el nombre de la institución y su escudo oficial.

• No se deben suspender las páginas de internet de instituciones de gobierno.

• El reparto de bienes y servicios relativos a programas sociales que no cuentan con reglas de operación publicadas o que no se ciñan estrictamente a las mismas, representan un indicio para considerar que su uso pudiera tener fines electorales.

• A partir del inicio del proceso electoral y hasta el último día del presente año, dependencias y entidades correspondientes deberán notificar al INE y a los OPLES la convocatoria abierta de los programas que no cuenten con padrón de beneficiarios.

• Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos 2018, no podrán operarse programas no contemplados ni crearse nuevos, salvo que los bienes y servicios sean con el objeto de atenuar los efectos causados por desastres naturales.

• Previo al inicio de las precampañas, los Poderes Ejecutivos deberán informar a las respectivas autoridades electorales sobre qué programas sociales están en ejecución, así como los mecanismos de entrega. La implementación de programas que no sean informados se considerará que tiene una finalidad electoral.

• La utilización del padrón de beneficiarios para promocionar a cualquier gobierno, partido o candidatura es contraria al principio de imparcialidad.

• Desde el inicio de las precampañas, los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad.

• Se considerará violatorio, por ser propaganda ilícita, la entrega de tarjetas u otro tipo de instrumentos que impliquen el ofrecimiento de un beneficio o la incorporación a un programa en un futuro, condicionado a un determinado resultado electoral.

• Se establece la línea telefónica Inetel (01800 433 2000) como mecanismo para brindar a la ciudadanía información para denunciar cualquier delito electoral.

Puntos flacos

Aunque los representantes de los partidos aplaudieron el propósito de dejar las reglas claras desde antes del inicio formal del proceso electoral, integrantes del bloque oficialista señalaron debilidades legales del acuerdo que podrían anularlo, igual que sucedió con los llamados ‘cancha pareja’.

El representante del PRI, Alejandro Muñoz García, cuestionó la validez de establecer estas limitaciones a partir del inicio del proceso, al señalar que lo correcto sería que operaran desde el comienzo de las campañas.

“Estamos de acuerdo en los términos, solamente que fuéramos cuidadosos en estas fechas que estamos señalando, para que no pudiera tener esa debilidad jurídica que ya nos ha acontecido en las anteriores experiencias de la facultad de atracción”, indicó.

El representante del PAN, Eduardo Aguilar, consideró que, al contrario, el acuerdo debería ir más allá, al recordar que anteriores lineamientos establecieron adelantar las ministraciones de los programas sociales 45 días antes de la jornada electoral, para desvincularlas del proceso.

En tanto que el representante de Morena, Horacio Duarte, urgió al INE a que las revisiones no se restrinjan a los programas sociales, sino a todo tipo de recursos públicos, y a actuar de oficio en cuanto detecten alguna irregularidad.

“El gobierno federal tiene abiertos decenas de fideicomisos públicos que no son sujetos de ningún control y que lo mismo puede haber fideicomisos de apoyo al deporte como la realización de obra pública en municipios, en infraestructura y que no tienen ninguna vigilancia por ningún órgano, que también sirven como elementos para condicionar, insisto, no solo programas sociales, sino servicios y para generar dádivas”, abundó.