WhatsApp y su nueva política de confidencialidad encienden alarmas... en Europa
La nueva política de confidencialidad de WhatsApp, que le permite compartir los datos de sus usuarios con otras empresas del grupo, preocupa a las autoridades europeas de protección de datos, que le solicitaron en una carta una suspensión de esta medida hasta obtener garantías legales.
El denominado G29, que agrupa a las distintas autoridades independientes de todos los países del bloque, pidió a esta empresa de mensajería instantánea que "deje de compartir los datos de sus usuarios hasta que se aporten las adecuadas garantías jurídicas", indicó este viernes en un comunicado.
WhatsApp, adquirida en 2014 por Facebook, modificó en agosto sus condiciones de uso. Desde entonces, puede compartir los datos personales de sus usuarios para que otras aplicaciones del grupo, Facebook o Instagram, les propongan determinados anuncios publicitarios.
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Para el G29, la posibilidad de compartir la información con fines de difusión de publicidad "no formaba parte de las condiciones de utilización y de la política de confidencialidad cuando los actuales usuarios se suscribieron al servicio WhatsApp".
La comisaria europea de la Competencia, Margrethe Vestager, ya mostró a principios de septiembre sus dudas sobre estos cambios. Su portavoz anunció que estaban "en contacto con Facebook sobre esta cuestión".
Las autoridades independientes europeas también enviaron una carta al servicio de correo electrónico Yahoo!, para que explique el fallo de seguridad que permitió en 2014 el robo de los datos personales de 500 millones de usuarios, "un número importante de ellos europeos".
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Además, el G29 pide a Yahoo! que aporte toda información relativa a la eventual vigilancia de los correos de sus clientes a petición de los servicios de inteligencia estadounidenses y si esta actividad es compatible con la legislación europea.
La compra de WhatsApp por parte de Facebook en 2014, que el excomisario de Competencia Joaquín Almunia aprobó sin condiciones, provocó el rechazo de los grupos de defensa de la vida privada, que temían un mal uso de estos datos personales de los usuarios.