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Ley fintech blinda con penas altas a la industria

Las sanciones interpuestas por el proyecto de Ley castigan el desvío de recursos o activos virtuales de clientes con hasta 18 años y multa de más de 22 millones de pesos.
mié 06 diciembre 2017 01:01 PM
El reto
El reto La Ley Fontech busca poner en orden una industria en pleno desarrollo. (Foto: Boonrit Panyaphinitnugoon/Getty Images)

La Ley que busca regular a instituciones de tecnología financiera (fintech), aprobada esta semana por el pleno del Senado y enviada a la Cámara de Diputados, para algunos participantes logra su objetivo de ser un marco regulatorio para impulsar a la industria, mientras que otros consideran que es muy temprano legislar un sector en pleno desarrollo.

Juan Luis Hernández Conde, socio del despacho de abogados Novus Concilium, explica que este marco regulatorio permite fortalecer de manera legal a la industria fintech en el país.

Un caso muy específico son las sanciones interpuestas en la legislación.

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“Estas sanciones están obligando a las instituciones a proteger a sus clientes y el patrimonio que en ellas depositan los usuarios”, explica el abogado. “Las sanciones de esta ley son fuertes porque la autoridad se está tomando bastante en serio las prácticas para cuidar los intereses de los clientes”, agrega.

Algunas de las penalidades señaladas en el proyecto de ley van desde tres a nueve años y multas de 5,000 a 150,000 UMA o de 377,300 pesos a 11.3 millones de pesos (según el valor de la Unidad de Medida y Actualización del INEGI) a quien utilice, obtenga, transfiera o de cualquier otra forma, disponga de los recursos, fondos de pago electrónico o activos virtuales de los clientes y con posibilidad de agravante si quien realiza estas prácticas se trata de un socio, consejero o tercero con acceso a esta información de hasta seis a dieciocho años y multa de 10,000 a 300,000 UMA o hasta 22.6 millones de pesos.

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El desvío de recursos, fondos de pago o activos virtuales por directivos o socios de las plataformas también es considerado como delito con penas que arrancan en los 4 años de prisión y en los 2,200 UMAs y llegan hasta los 12 años y 250,000 UMA, de acuerdo al monto desviado.

Las instituciones e individuos que operan con activos virtuales no autorizados también son objeto de delito.

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“Los delitos y aquellas conductas ilegales que se deben de prevenir están bien identificados”, dice Hernández Conde. “Están identificando las conductas y hechos ilícitos de manera correcta y lo están atacando con penas altas”, añade el letrado.

MUY TEMPRANO PARA LEGISLAR

Pero para otros participantes, como el caso de Marco Montes Neri, fundador de Saldo.mx, una plataforma que permite realizar pagos de servicios de Estados Unidos, es muy temprano para regular una industria que está en pleno desarrollo.

“Las sanciones y en sí la regulación lo que hace es subir la barrera de entrada. No sé si sea realmente lo adecuado. Yo creo que no es momento de regular este sector”, menciona Montes Neri.

Para el emprendedor, la regulación inhibe de cierta forma la innovación y el desarrollo de nuevas compañías en esta industria, algo que se había pactado como uno de los objetivos cuando se estableció crear una legislación para el sector fintech.

“En general sería interesante ver que haya más experimentación, que es lo que está pasando en el mundo. En el mundo no se está regulando esta industria. Cuando hay un marco regulatorio es porque entiendes cómo va el sector”, precisa.

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