El fracaso del acuerdo por la seguridad
Es lamentable el ver, escuchar y sobre todo sentir que a un año que se firmó el llamado Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que contiene 75 metas anticrimen cuyos plazos oficiales para obtener resultados fueron de 40 días a tres años, éste no ha rendido frutos.
El documento que la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación se originó debido a que la sociedad mexicana se encuentra sumamente agraviada por la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre los cuerpos policíacos y las autoridades dedicadas a la procuración de justicia y a la seguridad pública, así como por el ambiente de inseguridad y violencia que priva entre los mexicanos.
El Acuerdo Nacional para la Seguridad, Justicia y Legalidad, que fue firmado por el presidente Felipe Calderón, los 32 gobernadores del país, los representantes de municipios y los poderes Legislativo y Judicial estableció una serie de acciones, una tercera parte de las cuales corresponde a gobiernos locales.
En cuanto a acciones sociales, comprometió a los estados a programas educativos y de combate a las adicciones, así como a la rehabilitación de espacios públicos.
Lamentablemente, a un año de firmado el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, tanto el Gobierno federal, los estados, y los municipios reprobaron la evaluación del Acuerdo (ANSJL) firmado el 21 de agosto de 2008. El Poder Ejecutivo obtuvo una calificación de 5.2, los gobiernos estatales alcanzaron 3 y las asociaciones de alcaldes (que representaron a los municipios en la firma del acuerdo) lograron sólo 0.9 de calificación en el cumplimiento de los 43 de 60 compromisos que asumieron en conjunto. El Poder Legislativo y Judicial, que asumieron 17 compromisos, obtuvieron 7 y 7.5 respectivamente de calificación.; pero, en general, de los 75 compromisos asumidos por las autoridades, sólo siete fueron cumplidos en su totalidad y cuatro no presentan ningún avance; resultados que presentó la organización "México Unido Contra la Delincuencia" (MUCD).
Lo deplorable es que la sociedad, en vez de percibir un avance significativo y representativo en la seguridad, empieza a perder la credibilidad en las instituciones públicas, debiéndose aplicar el orden jurídico, requiriéndose que algún o algunos servidores públicos que no cumplieron con la obligación para el que fueron contratados, presenten su renuncia, debiéndoseles fincar responsabilidad administrativa, civil y penal por incapacidad, negligencia o irresponsabilidad, según sea el caso.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha propuesto que los firmantes del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad presenten a la sociedad resultados verificables sobre el "abatimiento gradual de la impunidad", lo cual exigirá "un inusitado ejercicio de rendición de cuentas" por parte de las autoridades involucradas, situación que provocaría credibilidad y confianza en el ámbito jurídico, económico y sobre todo social, pues las autoridades y representantes de instituciones de procuración de justicia involucradas en el acuerdo, deben establecer públicamente el compromiso de informar a la sociedad sobre los avances con datos estadísticos de que dispongan respecto de las acciones encaminadas a lograr el pleno cumplimiento de los compromisos asumidos.
*El autor es docente e investigador en el área Jurídico Penal del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe.