CIMSA vs GCC, ¿el conflicto interminable?

En esta historia empresarial ha chocado piedra contra coyol: un conflicto internacional de ocho años que pone en entredicho la reputación de Grupo Cementos Chihuahua (GCC) frente a la empresa boliviana Compañía de Inversiones Mercantiles (CIMSA). Una demanda que originalmente se estableció en 36 millones de dólares (mdd) y que hoy ya se calcula en más de 46 mdd.

La querella hoy se dirime en una corte estadounidense. En términos llanos, se explica así: CIMSA estableció una disputa legal contra GCC porque éste vendió su parte accionaria a la competencia de CIMSA, antes de ofrecérsela a ella, conforme se establecía en el contrato de sociedad.

Y si bien un tribunal de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) hace cuatro años ya falló a favor de CIMSA y le asignó a GCC un pago de 36 mdd por concepto de daño y gastos, la cementera de Chihuahua no aceptó la decisión de esa comisión.

Nuevamente, la decisión a favor de CIMSA se reiteró en marzo de 2019 por un juez de distrito en Colorado, Estados Unidos.

No obstante, GCC tampoco aceptó el fallo.

Grupo Cementos de Chihuahua informó, mediante un comunicado enviado a Expansión, que busca la apelación, ya que: “Esta resolución no reconoce los fallos que con anterioridad emitieron los tribunales bolivianos, al considerar el Laudo de Responsabilidad nulo y a favor de GCC. Además, ignora el hecho de que existe otro procedimiento de anulación en curso ante los tribunales de Bolivia, que podría suprimir definitivamente el Laudo de Daños”.

Al corte del 6 de agosto de 2019, la corte rechazó la apelación de GCC:

De la asociación a un divorcio complicado

En 2005, CIMSA y GCC firmaron un acuerdo para regular la relación comercial de ambos accionistas. En él, se establecieron limitaciones a la libre transferencia de acciones a terceros y le otorgaba a CIMSA el derecho de primera opción de compra, una cláusula usual en este tipo de asociaciones.

CIMSA informó que, en 2010, llegaron a un acuerdo en el que GCC le vendería el 44.5128% del capital accionario de Soboce, por un monto de 99.7 mdd, pero mientras esto ocurría, el Estado Plurinacional de Bolivia expidió un decreto de expropiación de la participación accionarial (33.34%) que Soboce tenía en Fancesa, otro fabricante de cemento en Bolivia. Esto desanimó a los inversores, por lo que el Acuerdo de 2010 no se ejecutó.

En ese mismo año, JP Morgan puso en contacto a GCC con el Consorcio Cementero del Sur (CCS), que hizo una oferta a GCC, lo cual fue notificado a CIMSA, con la finalidad de que pudiera hacer uso del derecho de primera opción de comprador.

CIMSA asegura que le comunicó a GCC su firme voluntad de adquirir la totalidad del capital accionario de Soboce. La empresa mexicana transmitió sus acciones a CCS, por lo que CIMSA inició un procedimiento de arbitraje en su contra por la venta indebida de las acciones.

Samuel Doria Medina, quien ha destacado como empresario latinoamericano y ha sido candidato presidencial por Bolivia en tres ocasiones, afirmó a la prensa que, a partir de la solicitud de compra, CCS “Ha tenido una participación hostil en la empresa” y tuvieron que vender las acciones a esa compañía.

En abril de 2015 finalizó el arbitraje y el Tribunal de la CIAC condenó al GCC a pagar 36 mdd por concepto de daños, más gastos, a favor de CIMSA, lo cual fue ratificado por un Juez de Distrito, en Colorado, Estados Unidos, en marzo del presente año.

¿Implicaciones bursátiles?

En abril pasado, GCC reportó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) una utilidad neta de 3.9 mdd durante el primer trimestre de 2019, cifra 65.5% menor a la del mismo periodo de 2018. En su momento, la cementera comentó que se debía al clima invernal en EU.

No obstante, la tendencia a la baja en el papel accionario de GCC continúa. En marzo pasado su acción se cotizaba en 107.13 pesos, mientras que al 19 de agosto del año en curso ya era de 98.89 pesos.

GCC tiene una capacidad de producción de cinco millones de toneladas al año, y un volumen de operación de 143,793 acciones en la BMV.

Para Jorge Gordillo Arias, director de Análisis Económico y Bursátil de CICasa de Bolsa, esta tendencia en GCC no es un reflejo de la demanda que encara en Estados Unidos.

“Este laudo lo traen desde 2011, y GCC volvió apelar la decisión del juez en Colorado. El monto que debería pagar (44 mdd) a CIMSA representa 7% del total de su deuda, y en los últimos cuatro trimestres la cementera ha generado 100 mdd en utilidad neta.”

Hasta el momento, las relaciones comerciales oficiales entre México y Bolivia no se han visto afectadas en términos diplomáticos, pues se ha dirimido como un conflicto entre particulares.

Grupo Cementos de Chihuahua también expresa en su comunicado que quiere seguir los procesos de anulación en Bolivia, cuyo resultado podría implicar una reconsideración o revocación de la resolución del Juez de Distrito de Colorado.

Al mismo tiempo, CIMSA ha manifestado su interés en continuar la demanda en la corte estadounidense, donde hay un terreno neutro para ambas firmas, pues en Bolivia la corte podría sesgar a favor de la cementera mexicana, por tener cercanía al gobierno de Evo Morales.

En diversas entrevistas, Samuel Doria Medina ha expuesto que esperar más aumentará los gastos de este proceso y añadió que: “El cumplimiento de la ley y la seguridad jurídica es fundamental, no solamente para hacer negocios o para que la economía prospere, sino también para la convivencia democrática”.

Por lo pronto, la deuda sigue creciendo, pues a los 36 millones de dólares se agregan intereses de 6% anual, que suman ya 44 millones de dólares o, en caso de negarse a hacerlo, GCC deberá asumir el embargo de algunas de sus propiedades en Estados Unidos.

Cuando dos férreas voluntades chocan entre sí, en México se dice que es un caso de “piedra con coyol”. Algo como lo que pasa con estas gigantes cementeras.