Las universidades mexicanas fallan en protocolos ante el acoso sexual

Las estudiantes en México reclaman mayor orden y transparencia en lo que respecta a protocolos para denunciar conductas de acoso y hostigamiento sexual. Aunque las manifestaciones de hostigamiento crecen, las instituciones de educación superior van lentas en responder con acciones a estos hechos.

Lo muestran las cifras. Sólo cuatro universidades en el país tienen un protocolo para atender situaciones de hostigamiento y abuso sexual, según un análisis realizado por Distintas Latitudes, plataforma digital de información y análisis sobre América Latina. Son la Universidad Michoacana de San Nicolás, la Universidad Veracruzana, la de Quintana Roo y la Autónoma de Sinaloa.

Si se tiene en cuenta que en el país hay al menos 32 universidades autónomas, sin contar privadas, el número es muy bajo. Más aún frente a las más de 3 millones de mujeres mayores de 15 años que refieren sufrir violencia en la escuela por parte de compañeros y maestros. La cifra supone el 25% del total de estudiantes femeninas. Las agresiones físicas y sexuales son las más comunes: 10.7% de las mujeres fueron agredidas sexualmente en 2016 en el ámbito académico, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH).

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Angélica Garnica, socióloga y maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), además de directora de Planeación y Desarrollo, una consultora de seguridad universitaria y prevención social de la violencia, sostiene que existe un problema de hermetismo y opacidad por parte de las instituciones para reconocer la magnitud del problema. Y eso lleva a que no se establezcan protocolos de prevención e intervención precisos y activos.

“Este comportamiento es de miedo e incapacidad de las instituciones, en especial de rectores y de autoridades, para saber cómo proceder ante estos delitos”, dice Garnica, autora del Manual de Seguridad para Instituciones de Educación Superior, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Lo que han hecho las escuelas es apegarse a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que define como delito -y por tanto sanciona- actos de hostigamiento sexual, entendido como el “ejercicio del poder en una relación de subordinación en las esferas laborales y/o escolares, expresándose en conductas verbales, físicas, o ambas, relacionadas con la sexualidad”.

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Para que haya sanción, la víctima requiere denunciar. Pero, para Garnica, la pregunta de fondo es qué hacen las escuelas para prevenir y tratar el acoso al interior de las instalaciones. Su diagnóstico es que falta institucionalidad entre los rectores para dar seguridad a estudiantes, mujeres y hombres. Como argumento, refiere la falta de políticas para abordar el tema, la escasez de comités de vigilancia y de mecanismos para denunciar, además de la falta de herramientas para transparentar el tipo de violencia en los planteles y difundir derechos de los alumnos.

¿Cómo cambiar la situación?

Los casos de hostigamiento sexual, como el que recientemente denunció una estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, no son aislados. En esta universidad, 49.3% de las alumnas dice haber sufrido algún tipo de hostigamiento, según datos del Programa Universitario de Equidad de Género, citado por Distintas Latitudes.

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en 2015, 58 jóvenes afirmaron haber sufrido acoso por parte de maestros, entre citas de forma innecesaria en una oficina o en un salón para realizar proposiciones de tipo sexual hasta forzar a establecer alguna relación sexual a cambio de un favor académico, según el informe ‘Percepción del hostigamiento y acoso sexual en mujeres estudiantes’, realizado por la ANUIES ese año.

En instituciones como la UNAM, los directores de escuelas o facultades son los que deciden qué casos de acoso y hostigamiento se llevan al Tribunal Universitario. Para la elaboración de esta nota, se buscó a las escuelas para consultar qué puntos requiere incluir el protocolo de prevención e intervención y cómo se vive este fenómeno en los centros de estudio. Sin embargo, no hubo respuesta por parte de las universidades públicas. En el Tecnológico de Monterrey, se refirió que se está trabajando para formalizar un protocolo de acción al respecto, que pronto se dará a conocer, pero sin detallar más información.

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Garnica propone empezar por descifrar los tipos de violencia e inseguridad que se vive en las universidades y crear comisiones para que las estudiantes denuncien. A partir de ese tipo de acciones, con la información recabada y transparentada, es posible crear protocolos de actuación.

Ejemplos para ello hay. De acuerdo con información publicada por la Universidad de Bristol, en Inglaterra, que cuenta con un comité para atender casos de violencia sexual contra estudiantes, y en cual puede participar con investigación y acciones escuelas de todo el Reino Unido, la parte central de un protocolo de esta naturaleza implica un trabajo entre varias áreas.

Esto significa contar con un órgano de investigación para documentar casos de acoso y hostigamiento, que sea responsable de hacer visible la situación e informar a los alumnos sobre cómo actuar. También se requiere un comité de investigación que ayude al alumno a realizar denuncia, establezca el proceso, dé seguimiento al caso y sancione al docente, no con llamadas de atención, sino tomando medidas drásticas. Otra área debe encargarse de actividades para promover una cultura de respeto y denuncia.

“Es una propuesta a nivel internacional. En México, lo que se vive hoy en las universidades se resume de una manera: nos han quedado a deber respecto a seguridad para las mujeres, en particular, y el alumnado en general”, concluye Garnica.