El monto asignado depende de la fracción infringida de este artículo, del número de empleados que tiene la compañía y del riesgo psicosocial generado, dice Mónica Rodríguez, solution sales expert en Holmes RH, una firma de software de recursos humanos.
La especialista asegura que las empresas más propensas a recibir una visita de la autoridad laboral son aquellas en las que se identificaron incidencias de incumplimiento, a partir de análisis previos y cruces de información con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el SAT.
También las compañías que están en la base de datos de la STPS y las que tuvieron alguna inspección recientemente, pues de acuerdo con el artículo 36 del reglamento general de inspección del trabajo y aplicación de sanciones, los centros de trabajo tienen 90 días para corregir deficiencias halladas por el inspector en turno, así como una prórroga de otros 90 días, siempre que no se ponga en riesgo la vida de algún trabajador.
Esperanza Granados Martínez, especialista certificada por la STPS en higiene laboral, afirma que ocho de cada diez empresas no han implementado aún la norma, debido a la llegada del coronavirus. “Sus esfuerzos se volcaron hacia la adaptación del nuevo mercado laboral y a cumplir con otros cambios legislativos como la eliminación del outsourcing”.
Con ella coincide Carlos Marina, director de operaciones de la firma de soluciones de recursos humanos Worky, quien refiere que de su base de clientes solo el 12% de las organizaciones está enfocada en llevar un registro sobre los riesgos psicosociales que pueden darse en la organización.
Además, una de cada cinco empresas reconoce el riesgo regulatorio y solo el 16% está consciente de que pueden darse posibles auditorías por parte de la autoridad laboral, mientras que el 19% sabe que podría ponerse en el foco de la Secretaría del Trabajo, a través de quejas o denuncias de terceros.
Cómo son las visitas de inspección
El próximo 23 de octubre, la NOM 035 cumple dos años de su entrada en vigor. Las compañías ya deben contar con un plan de sensibilización, aplicación, análisis, canalización, seguimiento y corrección.
“[Es necesario] establecer por escrito una política de prevención de riesgos psicosociales, tener un registro de los empleados que recibieron la información y un buzón confidencial de quejas y sugerencias, no anónimo. También tener claro quién de la plantilla necesita una valoración médica y cuáles son los beneficios adicionales con los que cuentan los empleados. El inspector busca evidencias de cómo están cumpliendo con la norma, así que no basta con tener los diagnósticos en un cajón”, advierte Rodríguez.
