“No había prevención ni se preocupaban por las consecuencias de esta enfermedad. Además, se desconocía cuánto personal vulnerable existía en relación con enfermedades crónicas y por edad”, explica.
Durante la pandemia, las jornadas de trabajo se extendieron 30% y crecieron los niveles de estrés laboral e incertidumbre, sobre todo en el personal que presenció despidos masivos y recorte salarial en su misma compañía.
“Estas compañías además necesitan crear un plan organizacional, pues las desvinculaciones aumentan las actividades internas, pero con menor personal. Y esto generara inconformidad y estrés. Se recomienda sensibilizar al talento y buscar mejoras en los horarios de trabajo para no alterar su rendimiento”, menciona Martínez.
“No escuchar ni saber cómo se sentían los colaboradores fue un error. Los líderes se están dando cuenta de la importancia que tiene el bienestar físico y emocional de la gente. No deben olvidar que la NOM-035 se hizo para eso, y que fue incluso diseñada para cumplirse a distancia”, agrega Leal.
Asimismo, sólo el 20% de las organizaciones ha dado apoyo terapéutico a sus trabajadores y apoyo tanatológico a empleados que perdieron a algún familiar por COVID-19. En ese porcentaje también están las empresas que han ofrecido a su gente clases de meditación, mindfulness, yoga, resiliencia y capacitación en el manejo de crisis.
Para las especialistas consultadas, es conveniente que las empresas hagan otra evaluación que les permita ofrecer una ayuda puntual a los colaboradores. Y en el caso de las compañías que dejaron a la NOM-035 en el tintero, aconsejan realinear el presupuesto para hacer un diagnóstico a tiempo y establecer las estrategias internas para cumplir con la norma.
Este marco normativo contra el estrés laboral fue creado en el 2018 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ya que México ocupa el primer lugar en estrés laboral, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La NOM-035-STPS-2018 obliga a todos los centros de trabajo a identificar los riesgos psicosociales que causan estrés postraumático, ansiedad y trastornos del sueño en los trabajadores, así como indicios de violencia laboral.
Su cumplimiento fue paulatino. Entró en vigor el 23 de octubre del 2019 y la primera fase consistió en hallar los factores de riesgo a través de cuestionarios de diagnóstico, emitidos por la misma STPS. El segundo paso fue cambiar políticas internas y desarrollar estrategias para dar seguimiento a los factores encontrados. Las organizaciones tuvieron un año para hacerlo y, como dice el dicho, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla.