“Si se aleja la vivienda del lugar de trabajo, el costo se paga en tiempo, dinero y desgaste para los empleados”, explica Roberto Arriola, presidente del Board Asesor en FlowSolvers y consultor en Negocios Internacionales, al describir traslados cotidianos de hasta dos horas desde la periferia.
Los traslados promedio ya rondan la hora y media a dos horas por viaje y en alcaldías periféricas como Tláhuac o Milpa Alta hay trayectos de hasta tres, que restan sueño, cuidados y tiempo en familia.
La concentración del empleo se mantiene por falta de incentivos para mover oficinas a otras zonas y por una planeación que no acerca trabajos a la vivienda ni replica modelos de movilidad segura como la bicicleta.
Para Tahiri Trillanes, consultor en vivienda y desarrollo urbano, la presión de los nómadas digitales es acotada a Roma–Condesa y cambia más el tipo de comercio que la oferta laboral del resto de la ciudad.
Su impacto se aprecia más bien con estancias de hasta seis meses y presión en rentas temporales, que debilitan el tejido barrial, por lo que hacen falta candados fiscales y de uso de suelo.
Arriola señala que, donde llegan estos nómadas, desplazan por poder adquisitivo superior y elevan precios en micromercados que emplean a trabajadores de servicios con sueldos que no alcanzan la renta del mismo barrio.
“El resultado son colonias dormitorio que se vacían de día, trayectos más largos, menos descanso y menor productividad en sectores formales e informales que sostienen la vida diaria de esas zonas”, dice.
Los primeros negocios en desaparecer son los de barrio como abarrotes, zapaterías y sastrerías que no alcanzan el punto de equilibrio ante rentas más altas y un consumo orientado a cafés y restaurantes.
La informalidad opera como válvula de escape pero erosiona protección laboral y hacienda pública y hoy alcanza a 33 millones de personas con una tasa de 54.8% en junio de 2025 según el INEGI.
De acuerdo con los expertos consultados, las empresas podrían priorizar candidatos que vivan cerca para reducir desgaste y riesgos, pero en la práctica suele pesar más contratar a quien acepta el menor salario en un sistema con transporte público insuficiente. De acuerdo con el informe América Latina y el Caribe en la mitad del camino hacia 2030 de la Cepal, los mexicanos invierten en promedio 71 minutos diarios en transporte público para ir y regresar del trabajo. El tiempo se incrementa en urbes como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde la densidad poblacional, la infraestructura limitada y los problemas de movilidad prolongan los trayectos.
Este rezago tiene un costo económico significativo: los usuarios de transporte público pierden alrededor de 69,000 millones de pesos en oportunidades de ingreso, mientras que quienes utilizan automóvil registran pérdidas cercanas a 25,000 millones de pesos.
Para bajar la presión, los especialistas sugieren 'vivienda de inclusión laboral', es decir, cerca de los polos de empleo y cambios de uso de suelo para aumentar oferta de alta densidad a precios accesibles.
“Se pueden reservar usos de suelo para vivienda de alta densidad a precios accesibles dentro de zonas de alta demanda laboral y reequilibrar el territorio con transporte público suficiente y reglas claras”, menciona Arriola.
La movilidad es el otro nudo porque un promedio de hora y media a dos horas por viaje reduce descanso, eleva ausentismo y recorta el tiempo disponible para cuidado y formación que también son parte del bienestar. El Índice para una Vida Mejor, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), muestra que México es el país con el porcentaje más alto de personas con jornadas extensas, con 27%, seguido por Turquía con 25% y Colombia, con casi 24% de sus empleados.
El home office funciona como válvula para una minoría y no reemplaza la tarea estructural de acercar vivienda digna al trabajo ni de llevar nuevos centros de empleo a alcaldías hoy expulsoras de población.
Según Pluxee, para las empresas el impacto de la distancia entre vivienda y trabajo no es un concepto abstracto, sino que se refleja en retrasos, mayor rotación de personal y una menor capacidad para atraer talento, que en muchos casos prefiere esquemas híbridos o abandona el mercado formal.
En términos de productividad, señala el estudio El costo de la congestión: vida y recursos perdidos realizado por el IMCO y SinTráfico, la congestión implica una pérdida promedio de 100 horas anuales por persona. Quienes usan transporte público llegan a perder hasta 118 horas al año, mientras que los automovilistas acumulan 71 horas en traslados.
Reducir esa brecha entre quienes pueden vivir cerca de su empleo y quienes entregan horas de vida en el tráfico exige políticas de vivienda asequible en zonas de trabajo, infraestructura de transporte que efectivamente disminuya los tiempos y un marco regulatorio que incentive la formalidad para que el salario alcance más allá del simple costo de moverse.
