La Reforma Laboral del Trabajo de Plataformas Digitales, publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2024, entró en vigor en junio de este año con el objetivo de garantizar un piso mínimo de derechos a quienes se conectan a aplicaciones para entregar comida o transportar personas.
Con este cambio a la ley laboral, los trabajadores pueden elegir si se registran como subordinados, con acceso pleno a IMSS, pensión, créditos de vivienda y derechos colectivos, o como independientes, con la opción de pagar un seguro voluntario.
La reforma prohíbe que las plataformas cobren por el uso de la aplicación, obliga a que sanciones y desconexiones sean revisadas por personas y no por algoritmos, y mantiene la flexibilidad de decidir cuándo y cuánto tiempo conectarse. El esquema fiscal tampoco se modifica, esto es, que los trabajadores continúan pagando 3.5% de ISR.
Uno de los avances más visibles es el acceso a un seguro contra accidentes, aunque solo aplica durante la ejecución de la orden de trabajo, no en los tiempos de espera. Para repartidores y conductores, esa diferencia implica quedar sin cobertura en buena parte de su jornada.
Los huecos que persisten
El cálculo del salario mínimo mensual neto (INM) es otro de los puntos. Se mide sobre los ingresos de una sola plataforma, de modo que deja fuera a quienes dividen su tiempo entre varias aplicaciones.
La fórmula abre la puerta a que las empresas busquen exclusividad con los trabajadores, una práctica que podría reducir su libertad de elección y obligarlos a depender de una sola fuente de ingresos.
“Para obtener la seguridad social plena, necesitas demostrar el famoso cálculo del salario mínimo mensual neto en una sola plataforma. ¿Qué sucede si yo reúno dos tercios en una plataforma y un tercio en otra? Pues que no puedo obtener el acceso pleno a la Seguridad Social”, explica Ángel Pazos Romero, coordinador del Diálogo Sindical de la Fundación Friedrich Ebert en México.
La intermitencia laboral también plantea un reto. El sistema aún no reconoce los tiempos de conexión sin pedido ni los costos de herramientas de trabajo, desde la motocicleta hasta el celular que corren por cuenta de los repartidores. El resultado es un esquema que avanza en formalización, pero que todavía no resuelve los vacíos de la economía de plataformas.
Uno de los cambios más disruptivos de la reforma es la posibilidad de organización colectiva. Hasta ahora, los sindicatos de trabajadores de plataformas en México son pequeños, pues ninguno rebasa los 1,000 afiliados. Sin embargo, la nueva legislación abre la puerta a la negociación colectiva y al derecho de huelga, algo inédito para un sector que hasta hace poco se percibía como individualista y fragmentado.
La pregunta es si el sindicalismo mexicano, históricamente dominado por estructuras tradicionales, podrá adaptarse a la lógica flexible e intermitente del trabajo digital. Para las plataformas, esta apertura representa un cambio profundo en su modelo de negocio, que hasta ahora había evitado cualquier figura de representación laboral.
“Las organizaciones que pretendan consolidarse en esta fuerza de trabajo tienen que determinar quizás dos tipos de membresía, la del trabajador eventual y la del de tiempo completo, para poder organizarse en un sindicato”, señala Pazos Romero.
El salario mínimo mensual neto fijado en la Ciudad de México es de 8,480 pesos. Sin embargo, el ingreso real de los trabajadores varía por las comisiones de la aplicación, los impuestos y la dependencia de las propinas. Para muchos, alcanzar esa cifra depende de extender sus jornadas o conectarse en varias plataformas a la vez.
Este desfase entre lo que promete la ley y lo que viven los repartidores abre un debate sobre la sostenibilidad del modelo. Mientras el gobierno busca garantizar un piso de derechos, las empresas advierten que mayores costos podrían poner en riesgo la viabilidad del negocio.
El piloto obligatorio, vigente de julio a diciembre de 2025, será la prueba de fuego para ajustar lo que no funcione. “Mucho de lo que está puesto en práctica son acuerdos bilaterales entre el gobierno y los empleadores que no han terminado de plasmarse en la legislación secundaria”, dice Pazos Romero.
Por ahora, la reforma ha logrado lo que parecía imposible y es dar seguridad social a miles de trabajadores invisibles, pero también deja claro que aún falta camino hacia un modelo laboral justo y sostenible.
