La UNAM necesita transparentar la falla y cambiar el próximo examen
La recuperación de la confianza comenzará con las auditorías anunciadas por la universidad. Esas revisiones deberán establecer si la falla estuvo en Territorium Life, en la supervisión universitaria, en la validación de los puntajes o en varios puntos de la cadena.
El CLET plantea que la UNAM publique el expediente contractual con la empresa, la arquitectura del examen, la cadena de custodia de los reactivos y los datos, así como los criterios utilizados para generar alertas, cancelar pruebas y revisar casos.
La explicación también tendría que abarcar la metodología del examen de control y su comparación con la evaluación original, pues esa información ayudaría a entender por qué algunos puntajes conservaron validez y otros necesitaron una segunda comprobación.
“La reputación institucional se reconstruye reconociendo los errores, esclareciendo las responsabilidades y explicando quién debía responder en cada parte del ciclo de vida y de la operación de estas herramientas. También se recupera explicando qué ocurrió, qué falló y qué evidencia sostuvo las decisiones tomadas antes, durante y después”, afirma Claudia Jiménez, presidenta del CLET.
La transparencia atenderá la crisis de 2026, pero el siguiente proceso necesitará controles capaces de frenar una anomalía antes de publicar los folios seleccionados.
Fernando Sentíes, CEO de AMITAI, lleva la discusión hacia ese rediseño. A su juicio, la plataforma vigiló el comportamiento de los aspirantes, pero la institución no estableció desde el inicio qué señales volverían inválida una respuesta o toda la prueba.
El tiempo de contestación habría servido como un primer parámetro. Una respuesta emitida antes del periodo razonable para leer un reactivo habría activado una alerta, al igual que una demora prolongada que sugiriera una consulta externa.
Los movimientos faciales o corporales también habrían requerido umbrales definidos. En lugar de acumular grabaciones para revisarlas después, el sistema habría identificado cuándo emitir una advertencia, anular una respuesta o detener la evaluación.
“Debieron haber medido el tiempo mínimo de respuesta. Si los aspirantes tenían que leer un párrafo y contestaban antes de que pudieran haberlo leído, sería un indicador de descalificación. También debieron definir si los movimientos de la cara o el cuerpo eran excesivos y cuántas alertas invalidaban el examen”, explica Sentíes.
Las señales tecnológicas no deberían convertirse automáticamente en acusaciones. Una demora, un movimiento o una interrupción pueden tener una causa legítima, por lo que cada decisión necesitaría revisión humana y una vía de aclaración para el aspirante.
Sentíes también propone modificar el contenido. El examen podría incorporar más ejercicios de razonamiento y criterio, similares a los utilizados en el SAT de Estados Unidos, en lugar de enfocarse principalmente en respuestas de conocimiento.
“Eso dificultaría la consulta mecánica de información y evaluaría cómo una persona aplica lo aprendido. Además, la universidad tendría una segunda referencia para comprobar capacidades cuando el comportamiento digital activara una alerta”, dice Sentíes.
La inteligencia artificial serviría para localizar patrones atípicos durante la evaluación y ordenar los casos que necesitan revisión. Sin embargo, una detección automatizada funcionaría como indicio y no como prueba definitiva de fraude.
Hoy, la UNAM enfrenta dos tareas diferentes. Las auditorías deberán explicar por qué falló el concurso de 2026, mientras el rediseño tendrá que impedir que el próximo proceso dependa de una corrección cuando los lugares ya fueron asignados. Esto, acorde con los especialistas consultados, definirá si el prestigio que tiene en el ranking alcanza para recuperar la confianza de los aspirantes.
