Redondeo puede acabar para telefónicas
Las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos del Senado avalaron reformas que establecen que las compañías telefónicas deberán cobrar las llamadas de celular por segundos y no por minutos. La propuesta, presentada por el senador del PAN, Ricardo Torres, modifica el Artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y evita el redondeo a minutos que hacen las compañías telefónicas en perjuicio de los usuarios.
Torres Origel indicó que, conforme datos de la Comisión Federal de Competencia, en promedio a cada usuario se le cobran 50 pesos mensuales por concepto de redondeo en la duración de su llamada.
"Si una llamada dura un minuto con 35 segundos, la compañía lo redondea a dos minutos; si existen 88 millones de usuarios de celulares, significa que al año estas empresas se embolsan 52,000 millones de pesos, lo cual es un cobro injusto", destacó.
De igual modo, las Comisiones Unidas avalaron una iniciativa de los senadores del PRI, Fernando Castro Trenti, y del PAN, Juan Bueno Torio, que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones sobre el espectro para uso oficial.
Así, se permite de manera directa asignar espectro de uso oficial a los organismos autónomos constitucionales y concesionarios de servicios públicos.
Las reformas condicionan la asignación a concesionarios a acreditar que el aprovechamiento y uso de las bandas de frecuencia son necesarios para la operación y seguridad del servicio público de que se trate.
Ello para evitar que, cuando se contraten los servicios de un concesionario de red pública de telecomunicaciones que opera con bandas de frecuencia, se vulnere la seguridad en la operación de los servicios públicos o la confidencialidad.
Asimismo, las Comisiones Unidas aprobaron una propuesta de reformas a la Ley de Puertos, que, entre otros aspectos, crea la figura del Comité de Planeación para cada puerto concesionado a un administrador portuario.
Así, inversionistas privados y prestadores de servicios portuarios podrán realizar propuestas al concesionario y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para optimizar los espacios portuarios y sugerir mejores formas de crecimiento de los recintos portuarios.
