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Prodecon pide más seguridad a empresas

El ombudsman del contribuyente mexicano da a conocer los 10 puntos de su agenda de reforma fiscal; las leyes fiscales deber ser simples, de fácil comprensión y que garanticen el pago de impuestos.
lun 20 mayo 2013 01:59 PM
Se propone que en 2013 las deducciones de gastos médicos o transporte sean por medios electrónicos únicamente. (Foto:Archivo)
SAT (Foto: Archivo)

Los empresarios mexicanos requieren mayor seguridad jurídica y simplificación en el pago de sus impuestos para no afectar su contribución al desarrollo económico del país, dijo este lunes la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

De cara a la iniciativa de reforma fiscal que se prevé será presentada en el segundo semestre del año, el Ombudsman considera necesario hacer énfasis en la seguridad jurídica que requiere el sector empresarial, pues en sus más de 20 meses de operación, ya ha detectado y conocido los problemas que están enfrentando los empresarios que invierten en México.

"El sector empresarial es de gran trascendencia porque genera fuentes de trabajo, impulsa la economía y contribuye con poco más de 40% de la recaudación total del Impuesto Sobre la Renta (ISR), estimó el coordinador general Ejecutivo de Prodecon, Edson Uribe Guerrero, en conferencia de prensa.

Al dar a conocer los 10 puntos de la propuesta de Prodecon, subrayó que de la recaudación total por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), al primer trimestre de 2013, fue de 223,863 millones de pesos, de los cuales las empresas aportaron casi 40%, una cifra que ascendió a 89,739 millones.

En materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA) se recaudaron 139,089 millones de pesos, de los cuales 139,343 millones correspondieron a los empresarios.

"Si se logra simplificar el sistema fiscal y combatir la evasión, estas cifras podrían ser aún mucho mayores", dijo.

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En tanto, el subprocurador de Análisis Sistémico y Estudios Normativos de Prodecon, Juan Carlos Roa, manifestó que es necesario disminuir los costos y la complejidad que representa el pago de impuestos, lo que afecta de manera especialmente desproporcionada a las pequeñas y medianas empresas.

También expuso la necesidad de que se eviten los rígidos formalismos en las leyes fiscales y que la autoridad fiscal adopte las mejores prácticas en todas sus actuaciones, como pueden ser las que resulten menos onerosas para el contribuyente.

Los 10 puntos que propone la Prodecon son:

1.- Generar un marco fiscal accesible y otorgar facilidades cuando sea necesario.

2.- El fisco no debe poner trabas o efectuar distinciones que imposibiliten o generen incomodidad para quienes quieren ponerse al día.

3.- Reconocer que la generación de ingresos tiene costos (salarios, inventarios, compra de activos) que deben ser descontados de la base al momento de calcular el impuesto respectivo.

4.-Frente a diferencias que se justifiquen en la lógica empresarial de su actividad, los empresarios tienen derecho a no ser sometidos a criterios estandarizados.

5.-Medidas extraordinarias como la inmovilización de cuentas bancarias no debe ser utilizada en contra del empresario de manera indiscriminada o sin límites temporales o materiales.

6.- Permitir que los empresarios revelen al SAT, en tiempo real, sus estrategias fiscales a fin de que la autoridad las  valide y se eviten graves contingencias para la empresa cuando al revisarla se adopte un criterio diverso.

7.-Ante el exceso de formalismos del sistema fiscal, la omisión de requisitos de esta naturaleza no debe ser sancionado por la autoridad fiscal en formas desproporcionada como puede ser la pérdida de un derecho de fondo.

8.-El SAT Debe adoptar las mejores prácticas en todas sus actuaciones, como pueden ser las menos onerosas para el empresario.

9.- La Ley debe garantizar trato igualitario a los empresarios, de tal forma que la autoridad fiscal no pueda en forma discrecional conceder prerrogativas en forma caprichosa y, con ello, provocar se distorsione la competitividad.

10.,- Combatir de manera eficaz la evasión fiscal y el fraude a la ley en que incurren otros sujetos con actividad económica informal o incluso clandestina, para no generar competencia desleal con los empresarios formalmente establecidos.

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