Impuesto a refrescos, ¿servirá?
El Gobierno de México busca combatir los altos índices de obesidad y diabetes con un impuesto a las bebidas azucaradas, una medida aplaudida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero que se enfrenta al rechazo de los productores de refrescos. El gravamen, incluido en la iniciativa de reforma fiscal presentada por el presidente Enrique Peña Nieto en septiembre, responde a una situación calificada por Naciones Unidas como de "emergencia nacional".
"Sale más caro comprar agua que refresco en México", dice el director de la agrupación civil "El poder del consumidor", Alejandro Calvillo.
La organización forma parte de la Alianza por la Salud Alimentaria, que engloba a una veintena de asociaciones que, preocupadas por la epidemia de sobrepeso y obesidad que padece el país, piden al Gobierno una política integral que desincentive el consumo y genere recursos para crear alternativas.
Calvillo explica que si bien el impuesto de un peso por litro de la bebida azucarada es adecuado, coincide con la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de aumentar el gravamen al 20% porque el consumo se reduciría en 25.8 %.
Además, se pasaría de los 284 a los 214 mililitros de ingesta de refresco por persona al día, según un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y de la Universidad de Michigan (Estados Unidos).
El impuesto a las bebidas azucaradas responde a una recomendación de la OMS, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del relator especial de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, recuerda Calvillo.
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México es el segundo país con el mayor número de adultos con obesidad, detrás de Estados Unidos, y el primero en sobrepeso infantil, según la OCDE.
El consumo per cápita de refrescos en el país es de 160 litros al año frente a 38 litros de leche, según el presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, Álvaro González Muñoz.
El dirigente confía en que este nuevo impuesto, ya aprobado por los diputados, aumente el consumo bebidas preparadas con leche.
De ser avalado por el Senado en los próximos días, el gravamen a las bebidas azucaradas permitirá recaudar al Gobierno 13,000 millones de pesos que, según la propuesta del Ejecutivo, serán destinados a fomentar el acceso al agua potable en las escuelas públicas del país.
La representante de la OPS en México, Maureen Birminghan, dice que se trata de una medida "muy lógica" para "salvar vidas y evitar la quiebra de los sistemas de salud".
"El objetivo del impuesto es desincentivar el consumo de estas bebidas que son nocivas para la salud e inciden en el aumento de la obesidad y la diabetes", precisa el director de la Fundación Mídete, Luis Manuel Encarnación, asociación encargada en la consulta y evolución de la obesidad en el país.
Los principales detractores del impuesto
Entre ellos figuran la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) y la Unión Nacional de Cañeros (CNPR), importantes productores de azúcar que afirman crecerá el desempleo y mermará la economía del país.
"La industria embotelladora está en contra porque afecta a los niveles más bajos de la población", explica el portavoz de la ANPRAC, Jorge Romo.
Romo indica que con la aplicación del impuesto se perderán 20% de empleos, y afectará especialmente a los pequeños establecimientos, cuyas ventas dependen en 30% o más de las bebidas azucaradas.
El refresco "sólo contribuye en 5% de la dieta de 3,000 calorías que representa lo que come el mexicano", argumenta Romo.
La doctora Ruth Pedroza Islas, especialista en Ingeniería en Alimentos de la Universidad Iberoamericana, explica que "no es ninguna garantía" que la gente cambie sus hábitos alimenticios con el alza de los precios.
Agrega que se trata de una medida "simplista" y que la obesidad, por tratarse de un problema multifactorial, requiere de una visión completa que incida en la prevención, educación y en analizar los hábitos alimenticios de la población mexicana.
El impuesto ocasionará un descenso en el consumo de azúcar en el país en un momento en que los ingresos de los productores de caña cayeron casi 37% en el último año, señala el presidente de la Unión Nacional de Cañeros, Carlos Blackaller.
"En los últimos años el consumo de azúcar ha caído, pero ha subido el de fructosa y el índice de sobrepreso", dice Blackaller.
Añade que es "preocupante" que se grave indirectamente el azúcar como causante de la obesidad, pues su consumo ha descendido.
