Las propuestas de los presidenciables, inviables por costosas

Especialistas consideran que las propuestas de otorgar apoyos económicos a sectores vulnerables por parte de los candidatos a la presidencia son poco factibles, en vista de los costos que pueden generar para el gasto público.

“Creo que hace falta poner números claros para entender los costos y fuentes de ingresos para cada una de las propuestas que aquí se presentaron”, dijo Arturo Fernández, rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), luego de que los asesores económicos de los tres principales candidatos a la presidencia presentaran ayer sus propuestas en el Foro True Economic Talks, organizado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Por ejemplo, el candidato Ricardo Anaya propone dar un Ingreso Básico Universal, pero no específica de cuánto puede ser el monto que se entregue a los mexicanos.

Si se dieran 1,000 pesos cada mes y se multiplica por 125 millones de mexicanos por 12 meses, se generaría un gasto anual de 1.5 billones de pesos lo que representaría un desequilibrio para las finanzas públicas, estimó Fernández.
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Tan sólo en 2017, el gasto del sector público sumó 5.1 billones de pesos, refieren datos de la Secretaría de Hacienda, por lo que el gasto para este ingreso universal representaría una tercera parte de todo el presupuesto público de un año.

Fausto Hernández, profesor investigador de Centro de Investigación para el Desarrollo Económico (CIDE), consideró que los apoyos económicos como los que prometen los candidatos Ricardo Anaya y Manuel López Obrador pueden afectar la conducta de los ciudadanos al otorgarles recursos a cambio de ninguna actividad que retribuya este gasto, e inculcando la cultura del menor esfuerzo.

López Obrador de la Coalición Juntos Haremos Historia busca otorgar 3,600 pesos al mes a 2.3 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan para que se integren al mercado laboral o puedan estudiar, lo cual generaría un gasto anual total de casi 100,000 millones de pesos.

Los tres candidatos deben buscar balances en sus propuestas económicas, porque si por una parte quieren otorgar educación y salud de calidad a toda la población, y por otra se promete cero deuda pública es imposible considerando los ingresos a los que tiene acceso el sector público, comentó Jaime Ros, académico e investigador del Colegio de México.

La Ley en contra de quien incumpla contratos, pide el CCE

En el mismo foro, la máxima cúpula empresarial mexicana expresó su posición a favor de aplicar todo el peso de la ley en contra de quienes no cumplan con ella o con contratos obtenidos.

“Simplemente (buscamos) que la ley ponga en su lugar a quienes están fuera de la ley, o que quien no ha cumplido con un contrato tenga consecuencias, y que a los que estemos trabajando todos los días nos dejen seguir trabajando. Si estamos separados no vamos a lograr avances para México”, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, en entrevista con medios de comunicación.

El empresario dio esta declaración después de que los asesores económicos de los tres principales candidatos a la presidencia dieran a conocer sus propuestas en el foro organizado por el CEESP. Y en el marco de una semana de diferencias con el sector privado, luego de que el candidato acusara a empresarios como Claudio X. González Laporte y Alberto Baillères de financiar una "guerra sucia" en su contra".

El sector privado ha expresado inconformidad con las propuestas del candidato Andrés Manuel López Obrador, puntero en las encuestas, respecto a revisar contratos derivados de la reforma energética y para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, López Obrador ha expresado la intención de que se revisen contratos derivados de la reforma energética y del nuevo aeropuerto.

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Castañón refirió que la cúpula que representa no tiene partido, pero que sí tiene libertad para expresar con qué no está de acuerdo.

El economista Gerardo Esquivel, asesor de Juntos Haremos Historia, explicó que el proyecto de esta coalición busca revisar los contratos petroleros, con el objetivo de descartar actos de corrupción, y no expropiar a empresas instaladas en el país.

“Lo que puede hacer esa limpieza de contratos es aumentar las oportunidades de inversión para empresarios domésticos y extranjeros que aún no encuentran una oportunidad real de participar en igualdad de circunstancias con otros participantes”, dijo Esquivel.

Explicó que en México los inversionistas extranjeros perciben que la única forma de participar en contratos de esta naturaleza es a través de asociaciones con empresas mexicanas.