"Hay diversos medios o diversas personas que mencionan que es delincuencia organizada, que hay que tener mucho cuidado, que es terrorismo fiscal", se quejó Romero Aranda previo a su participación en el Segundo Congreso de Prevención de Lavado de Dinero organizado por Thomson Reuters.
Actualmente, el Congreso debate una serie de cambios al CFF para endurecer las penas en contra de los delitos fiscales, pero el tema que más ha causado controversia ha sido el decretar prisión preventiva oficiosa a las personas que cometan defraudación fiscal.
El procurador dijo que las empresas factureras son un "conjunto de tres o más personas que en forma constante, permanente, llevan a cabo actividades ilícitas cuyo fin es evadir al fisco federal".
"Cualquier empresa que tiene un fin normal, no cae en ese supuesto, aunque sean más de tres", agregó.
La senadora panista, Minerva Hernández, dijo a principios de semana que el mercado de las facturas falsas rebasa los 2 billones de pesos y que la evasión fiscal implica una pérdida de recaudación de casi 500,000 millones de pesos.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha expresado su preocuopación por la reforma que debate el Congreso: "La iniciativa establece equiparar todas las figuras de defraudación fiscal con delincuencia organizada, lo que implicaría sujetar a los acusados a prisión preventiva de oficio sin derecho a fianza, posibilidad de extinción de dominio y procedimientos extraordinarios de investigación. Por supuesto, estos delitos deben ser sancionados penalmente, sin embargo, no se justifica que se haga a través de un régimen excepcional que sólo aplica a delincuentes de alta peligrosidad que ponen en riesgo la seguridad nacional y la existencia misma del Estado", dijo el pasado 14 de agosto, según el diario Reforma.
