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Hacienda y los empresarios buscan un acuerdo contra las facturas falsas

Arturo Herrera y Carlos Salazar, líderes de Hacienda y del Consejo Coordinador Empresarial, destacan acuerdos en las nuevas normas fiscales vigentes a partir de 2020.
jue 10 octubre 2019 09:34 AM
Arturo Herrera
Arturo Herrera, secretario de Hacienda, defendió el plan de paquete económico del gobierno para 2020.

Hacienda y los empresarios expresaron este jueves cuál es su punto de estire y afloje donde les falta ponerse de acuerdo sobre la ley contra “entes” que emiten facturas falsas y defraudan al fisco: la redacción de un artículo de esa ley que el sector privado quiere que sea “muy específico”.

Los empresarios piden que se cambie la redacción del artículo 113 Bis para que quede muy claro que la aplicación de esa ley es solo para quienes emiten facturas falsas para justificar operaciones inexistentes o simuladas y no para quienes sí son contribuyentes y sí tienen actividades reales.

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“Hemos sugerido que haya una (...) para ser con ustedes muy específicos, que esto solamente se restrinja a la aplicación de este régimen, a los delitos de venta de facturas, lo que se está diciendo ahorita, que es el 113 bis de la ley y a los de defraudación fiscal y su equiparada y subrayamos únicamente cuando se expidan o utilicen facturas que documenten operaciones inexistentes o simuladas”, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en conferencia de prensa conjunta con el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera y el procurador fiscal, Carlos Romero.

Los empresarios que él representa quieren que los legisladores realicen ese cambio en la redacción.

“Hacemos este llamado a que se ajuste la redacción que se está mandado a la comisiones de hacienda de la Cámara de Diputados , este es el único punto donde tenemos todavía un comentario. Estamos tratando de convencer aquí al señor procurador y al señor Arturo de que este artículo se modifique con este tipo de redacción; una redacción que han sido de nuestros especialistas fiscales”, añadió Salazar.

La preocupación es que empresas que sí tienen actividad económica comprobable y que pagan impuestos fueran objetivo de esa ley contra la defraudación fiscal, que propone prisión preventiva y eleva el delito a categoría de delincuencia organizada.

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Arturo Herrera consideró que muy pocas empresas caerían en esos supuestos de la iniciativa de ley para lo que considera delincuencia organizada. pues va dirigida a las que emitan facturas por montos de casi 10 millones de pesos, es decir, que tengan ventas o ingresos brutos de unos 30 mdp, y muy pocas empresas en el país llegan a esos números.

“Tiene un límite muy específico, esto no aplica a todas las empresas aun cuando cometieran esto, el monto mínimo de defraudación para caer en esto es de 10 mdp (...) Todas aquellas empresas que tienen ventas brutas o ingresos brutos menores a 30 mdp ni siquiera caen en este conjunto”, dijo.

“La diferencia a la que hacía referencia Carlos es una diferencia básicamente de matiz como él señala. Lo que nosotros hemos dicho aquí, ellos quisieran que pareciera de manera reiterada en la le. El procurador, que viene desde un punto de vista muy legalista, dice que si leen la ley ya está”, precisó Herrera.

Herrera dijo que Hacienda clasifica a los contribuyentes en cuatro: los comunes que no comente ningún delito, el que comete un delito básico, los que comenten un delito fiscal grave y la delincuencia organizada. Para estos dos últimos sí se prevé prisión preventiva, pero para el de delito básico se contempla el perdón si cumple con sus pagos a Hacienda, para la delincuencia organizada no hay tal.

Y Herrera dijo que el objetivo de esta ley contra empresas fantasmas es justamente ese cuarto grupo, llamado delincuencia organizada.

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Se caracterizan por ser de tres o más personas que se unen con el único fin de cometer un crimen fiscal, defraudar al fisco, no son contribuyentes porque al no tener actividad económica no pagan impuestos, solo buscan sacarle dinero al erario con la simulación de operaciones, sus actividades criminales son permanentes o reiteradas y defraudan con más de casi 9 mdp.

“Este es fundamentalmente el objeto de esta iniciativa, y aún en estos casos tendría que ser superior a los 9 mdp casi 10 mdp”, insistió Herrera.

“Del conjunto de todas las empresas que tienen actividad en la economía mexicana, en realidad hay un número muy muy pequeñito que es el objetivo de esta iniciativa pero son aquellas que existen solamente en papel y que solamente nacieron para defraudar”, añadió el secretario.

El procurador fiscal dijo que la iniciativa de ley no se está “descafeinando” con los cambios sugeridos.

“En ningún momento se está descafeinando y ellos están completamente de acuerdo en que hay que acabar con los factureros”, dijo el procurador.

“Lo que quiero aclarar es que la reforma tiene todos los dientes necesarios para atacar a los factureros, que no se está tocando ningún tema en relación a los factureros y en ningún momento es que se esté cediendo o no a los empresarios, los empresarios entienden cuál es el problema perfectamente. Están de acuerdo que atacar a los factureros es acabar con una competencia desleal”, dijo el procurador.

Pero también ha habido acuerdos para hacer algunos ajustes en los rubros de la miscelánea fiscal 2020 entre empresarios y Hacienda, dijo Herrera.

“Hemos hecho un conjunto de revisiones conjuntas con el CCE con otro conjunto de asociaciones del sector privado y hemos llegado a acuerdos sobre algunos de los elementos sobre la miscelánea fiscal que creemos que podría ser importante hacer ajustes, cambiar los umbrales o hacer precisiones”, expresó Herrera.

Algunos de esos 19 puntos son:
*Esquema de retención de IVA e ISR a través de plataformas digitales como UBER, Airbnb o "centros comerciales virtuales".
*Retención de IVA en importaciones de contenido digital.
*Esquema de retención del ISR a vendedores independientes (ventas por catálogo).
*Actualización anual e incremento de la cuota del IEPS a bebidas saborizadas, tabaco,
*Pago de rentas vencidas en juicios de arrendamiento inmobiliario.
*Actualización de la tasa de retención de ISR a intereses.
*Norma general antiabuso.
*Subcontratación laboral.
*Responsabilidad solidaria.

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