Ayer 20 de octubre, la American Bar Association (ABA) de Estados Unidos hizo un llamado, a través de una carta, al presidente Andrés Manuel López Obrador para que en México se respete el Estado de Derecho , así como el derecho a la representación legal.
Negó que la Procuraduría Fiscal de la Federación, como dice la carta de ABA al presidente, “esté iniciando o amenazando con iniciar investigaciones penales como táctica de negociación para presionar a personas físicas o entidades para que corrijan cualquier mala conducta tributaria aparentemente cometida”.
“La referida Procuraduría ha iniciado investigaciones penales porque es su obligación hacerlo cuando identifica elementos constitutivos de algún delito fiscal, y así lo seguirá haciendo”, detalló el documento de Hacienda.
Agregó que la procuraduría fiscal no amenaza; denuncia conductas socialmente reprobables y presenta su postura ante un juez, y que si algún contribuyente - imputado penalmente por la comisión de un delito fiscal- propone o solicita celebrar un acuerdo reparatorio, comprometiéndose a corregir su situación fiscal, la Procuraduría valorará si es oportuno otorgarlo, con base en las características del caso y los requisitos normativos.
“Si la autoridad identifica conductas de abogados o asesores fiscales que tienen como propósito planear o ejecutar un acto de defraudación fiscal, también ellos serán imputados penalmente, dado que la Constitución defiende y garantiza el libre ejercicio de las profesiones, siempre y cuando ese ejercicio sea legal. Por lo tanto, cuando no lo sea, dichas conductas serán sancionadas, no sólo en interés del sistema tributario federal, sino del gremio de abogados en general”, agregó.
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