Facturas no deducibles, IVA no acreditable, procesos contables complicados y trabajo extra en recursos humanos para reajustar personal en las empresas, disminución en el potencial para la generación de trabajo, más factores a considerar para la inversión y una menor recaudación tributaria son algunos de los efectos que advierten especialistas en materia tributaria y fiscal de la propuesta de reforma contra el outsourcing presentada por el Ejecutivo la semana pasada al Congreso de la Unión.
“Si se aprueba como está va a ser muy peligroso para las empresas, pues se les dificultaría cumplir completamente con la reforma al tener poco tiempo para traspasar a los empleados de esquema outsourcing a nómina. Tener ese problema para el siguiente año con las consecuencias de no deducciones, no acreditamientos o simplemente de problemas en su operación desde el punto de vista práctico y problemas fiscales a inicios del siguiente año”, consideró en entrevista Pedro Zugarramurdi, socio coordinador de la práctica de impuestos en Salles Sainz Grant Thornton.
Se busca que la reforma entre en vigor en enero de 2021, lo cual representa un periodo muy corto para que las empresas se adecuen a las nuevas disposiciones, especialmente para traspasar personal que tengan contratado por outsourcing a su nómina en un solo mes o menos; de no lograrlo en tiempo, las empresas pueden enfrentar hasta problemas legales, advirtió el especialista.
La propuesta enviada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador a los diputados y senadores, la semana pasada, plantea la prohibición de la contratación de servicios de outsourcing para empleos del objeto social del negocio. A cambio propone la creación de la figura de servicios u obras especializadas y agencias de colocación.
“Utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, o realizar la subcontratación de personal constituyan calificativas en la comisión del delito de defraudación fiscal y sus equiparables”, expone la propuesta de reforma.
Uno de los objetivos que persigue la iniciativa es eliminar el uso de estos esquemas para la evasión y defraudación fiscal. Por ello contiene cambios para la acreditación del IVA y para hacer deducible la contratación de estos servicios.
“Todo gira en torno al permiso que debe otorgar la secretaría del Trabajo para la prestación de servicios especializados u obras, quien no tenga permiso y quien tenga operaciones con ese alguien sin permiso puede enfrentar dos situaciones, sus facturas no serán deducibles para ISR, porque para ser deducible pedirán el permiso de la secretaría”, explicó por su parte Rolando Silva Briceño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México.
Otro efecto es que esas operaciones no van a tener efecto en el IVA, pues no se podrá acreditar este impuesto que le pagas al outsourcing si no tiene la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), agregó Silva Briceño.
De acuerdo con los motivos que acompañan a la propuesta de reforma en México de 900 empresas que ofrecen el servicio de subcontratación, solo 40 pagaban impuestos.
Los cambios pretenden erradicar la defraudación fiscal, lo que implica que aplicando una regulación fiscal más estricta, la tributación puede incrementase en el largo plazo.
“Frente al cambio habría un periodo de transición, en el que veríamos menos personas con empleo, menos recaudación, menores salarios, veríamos grandes desajustes en materia laboral si no hay un periodo de transición más terso, siempre que se hacen cambios se debe dar un periodo de transición y reglas claras”, dijo el socio Salles Sainz Grant Thornton.
La eliminación de la subcontratación haría que los trabajadores ahora formales se fueran a la economía informal, donde carecen de seguro social y prestaciones.
“Aumentaría la informalidad laboral, ya que el modelo de negocios de la subcontratación permite que todos los trabajadores subcontratados estén registrados en el IMSS, pues empresarios no incluyen a un tercero en la relación laboral sino va a garantizar la protección social de sus trabajadores. Por esta razón, todos los trabajadores subcontratados están registrados en el IMSS. Así, la subcontratación ayuda a reducir la informalidad laboral”, refiere una declaración conjunta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).
Silva Briceño, integrante del Colegio de Contadores consideró que los efectos en materia tributaria serían mínimos, porque la complejidad que representa el hecho de que las empresas que ofrecían no pagar se muevan hacia la legalidad.
“Ese dinero que se iba no se va a convertir en recaudación, el negocios de esas personas es no pagar, entonces cuando tengan que pagar no va haber motivación”, agregó.
Ambos especialistas coincidieron en que estos cambios también tendrían repercusiones en las inversiones, ya que encarecerían la contratación de personal.
