La economía de México crecerá 3.6% en 2021, tras una caída de 9.2% este año, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que destaca las medidas fiscales del gobierno y advierte que el mayor desafío será contener nuevos brotes de COVID-19.
"Tras una profunda contracción en el segundo trimestre, la actividad ha comenzado a recuperarse", señaló la OCDE, de la que forma parte México.
El PIB de la segunda economía latinoamericana se desplomó 17% en el segundo trimestre de este año frente a los tres meses anteriores. Entre julio y septiembre repuntó 12%, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La OCDE prevé un crecimiento para la economía mexicana de 3.4% para 2022, y asegura que la recuperación en los próximos dos años estará liderada por las exportaciones, especialmente las manufactureras.
"El consumo privado se fortalecerá levemente, ayudado por fuertes remesas, un mercado laboral que mejora lentamente y un aumento de la confianza" ante la anunciada disponibilidad de vacunas, subraya el análisis.
En contraparte, la OCDE indica que la pandemia está provocando un "aumento significativo de la pobreza, las desigualdades y las brechas de género" en el país latinoamericano, donde la mitad de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad.
México, de 128.8 millones de habitantes, es el cuarto país más enlutado por el nuevo coronavirus en cifras absolutas, con unas 106,000 muertes, además de 1.1 millones de contagios.
El organismo de cooperación resalta, no obstante, el aumento del gasto en salud por parte del gobierno mexicano, con la contratación de 50,000 trabajadores y la precompra de vacunas para cubrir a 90% de la población.
En general "las medidas fiscales, aunque de menor tamaño que las tomadas en las economías avanzadas y de los principales mercados emergentes, van en la dirección correcta", apunta el informe.
Para intensificar el apoyo fiscal, la OCDE sugiere capacitar a los trabajadores más afectados, reducir temporalmente el impuesto sobre las nóminas para impulsar a las pequeñas y medianas empresas y reducir las "cargas e incertidumbre regulatorias" en aras de reforzar la inversión privada.
Sin embargo, "contener nuevos brotes de COVID-19 sigue siendo la prioridad, lo que requiere mejorar las pruebas", destaca el estudio, al advertir que recientemente aumentaron los casos en varios estados del país que hacen temer nuevas restricciones a la actividad económica.
