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La desaparición de los organismos autónomos dañará la inversión y la competencia

Si las secretarías de Estado absorben las funciones de entes como el INAI y el IFT, habrá riesgos en materia económica, administrativa y de derechos humanos, advierten los especialistas.
mié 13 enero 2021 05:49 AM

Una menor inversión, controversias internacionales, discrecionalidad en contratos públicos, poca competencia, desprofesionalización de la burocracia y consumidores con mayores precios en bienes y servicios son algunos de los riesgos en materia económica y administrativa que se incrementarán si las secretarías de Estado absorben las funciones de los entes autónomos, coincidieron especialistas consultados por Expansión.

El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una reunión este lunes con su gabinete legal y ampliado para realizar un borrador de lo que ha llamado “reforma administrativa” para que los órganos autónomos desaparezcan y sus funciones sean realizadas por las secretarías de Estado bajo el argumento de reducir el gasto público.

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“Tú quieres invertir en telecomunicaciones, en un país donde el órgano regulador no es autónomo y puede haber mano negra, intereses políticos que dominen las decisiones de los reguladores, yo no quisiera poner ahí mi dinero”, comentó Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, en entrevista.

Además de desincentivar la inversión, carecer de órganos autónomos representa el riesgo de que México enfrente controversias internacionales. La existencia de un organismo regulador de telecomunicaciones en cada uno de los países del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) está contemplada en el capítulo 18 de este acuerdo comercial.

Este capítulo indica que los entes reguladores en telecomunicaciones son necesarios en cada uno de los países, entre otros objetivos, para requerir interconexión a tarifas razonables; determinar condiciones no discriminatorias y transparentes para el suministro de servicios públicos de telecomunicaciones, además de imponer requisitos a un proveedor importante adicionales o diferentes a los que solicitan a otros proveedores, refiere el artículo 18.17.

“Muchas empresas podrían recurrir a los mecanismos que están en el Tratado y estar inconformes, decir; ‘cuando yo decidí mi inversión, había un órgano autónomo, y lo están eliminando, esto cambia las condiciones de inversión’, entonces puede llevar a disputas entre empresas de otros países que han invertido en estos mercados”, advirtió Francisco Varela, director de Instituciones y Gobernanza del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Contrapesos

Los órganos autónomos en México funcionan como contrapesos del poder del gobierno que coadyuvan en la garantía de los derechos humanos como el acceso a la información en el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). “Imagina cuántos funcionarios se abstienen de no incurrir en actos de corrupción en los contratos por la amenaza que pueda representar que los periodistas tengan esa información a través del INAI”, explicó Campos.

Casos periodísticos como la Estafa Maestra, que develaron cientos de desvíos de dinero de las arcas públicas en la administración pasada, fueron en gran medida armados por solicitudes de Transparencia al INAI, también el de la Casa Blanca que mostró conflicto de interés entre el expresidente Enrique Peña Nieto y Grupo Higa, el contratista favorito del gobierno pasado.

Hay reguladores como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que ven más por la competencia del mercado, por el beneficio de los consumidores. El IFT ha promovido la competencia entre empresas de telecomunicaciones para ofrecer tarifas más accesibles a los consumidores.

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“Esto es por la certeza de saber que hay un órgano autónomo que regula el mercado, que independientemente de quien sea el presidente, establece ciertas reglas que son importantes para la inversión. Ahora veámoslo desde la óptica de los consumidores, el IFT fue muy claro en señalar que las tarifas de telefonía habían caído 50% desde 2014, eso incentivó mejores precios por llamada, por mensaje, para datos, paquete, cuando antes cada sms tenía un precio”, agregó el especialista del Imco.

Mejorar lo que ya hay

Alejandra Macías, jefa de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), consideró que si el argumento para desaparecer a los autónomos es la cuestión presupuestaria, se pueden revisar los elementos que se critican como los gastos onerosos, los altos salarios de funcionarios, transparentar los recortes, las reasignaciones que se han visto en el gasto público, pero de todas las figuras de la administración pública: autónomos, secretarías, poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, mejorar lo que ya hay.

“Puede ser que haya cosas que se tengan que mejorar, porque cortar de tajo las cosas bajo el argumento de que no funcionan es mejor perfeccionarlos. El ahorro es a costa de que como país vayamos atrás en rendición de cuentas, acceso a la información, menor competencia; no creo que valga la pena”, agregó la investigadora del CIEP.

La desprofesionalización de la burocracia es otro riesgo que se corre, pues estos organismos han apostado por la especialización de su personal, además de que los mandatos de sus comisionados y su burocracia, al ser autónomos, no dependen del cambio de gobierno federal, como pasa con las secretarías, son más leales a los objetivos de las instituciones, explica la especialista de México Evalúa.

“Esto lo hemos visto en muchas áreas de gobierno, hemos perdido muchos expertos, se ha perdido eficacia del gobierno para hacer sus funciones”, culminó el directivo del Imco.

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