El número de personas que viven en pobreza extrema, es decir aquellos con ingresos menores al valor de la canasta básica alimentaria en términos mensuales, pasaron del 8.7 a 10.8 millones entre 2018 y 2020, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Los mexicanos padecen seis tipos de carencias sociales: educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos de vivienda y acceso a alimentación nutritiva.
El reto tiene que ver con la recuperación del empleo para conservar los ingresos e incluso aumentarlos para avanzar en la disminución de la pobreza, dijo Héctor Magaña, investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Garantizar derechos sociales
El repunte de la pobreza da una mayor relevancia a la garantía de los derechos sociales, considerando que la entrega de apoyos económicos no llega precisamente a quienes tienen menos ingresos. y que el acceso a la salud viene reduciéndose desde 2019, explicó Rodolfo de la Torre, especialista en desarrollo social con equidad, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
“Hubo muchos gastos imprevistos, las deudas y los activos de las familias mexicanas tienen que reponerse. La recuperación económica se vuelve más complicada cuando la población está sumida en la pobreza, las familias invierten menos en salud, educación, entonces la fuerza de trabajo del país está menos preparada, con más carencias como la alimentación, esto genera pérdidas de productividad para la economía mexicana”, detalló el economista.
Guillermo Cejudo, consejero del Coneval, comentó que se debe aspirar a programas universales, construir la capacidad operativa para desplegarlos porque los actuales podrían no estar priorizando a las personas del último decil, es decir, las de menores ingresos en el país.
Formalidad y mejores salarios
También es relevante continuar en la formalización de los empleos en el país y continuar con la política de incrementar el salario mínimo.
“Los esfuerzos deberían estar focalizados en reducir a la población que se encuentra dentro de la informalidad y converger a una mayor población en trabajos formales para que tengan acceso a la seguridad social y puedan mejorar sus condiciones”, aseguró Magaña, del ITESM.
El titular del Coneval, consideró que la política de incremento al salario mínimo debe continuar, complementándose con un esquema que dé mayor accesibilidad y el pleno ejercicio de los derechos sociales.
Refirió que en 2018, el salario mínimo fue de 2,800 pesos al mes, mientras que el promedio mensual al cierre de agosto fue de 4,000 pesos.
¿Y el sector privado?
El sector público tiene que establecer condiciones económicas adecuadas para que el sector privado invierta, especialmente en los estados que presentan el mayor rezago, coincidieron los analistas consultados.
Se tiene que hacer un “análisis económico profundo” de las fortalezas de las economías de las entidades menos desarrolladas y generar un plan de trabajo.
El trabajo del sector privado es generar actividad económica que represente salarios bien pagados y así impulsar al resto de la economía. No obstante, para que tenga mayor actividad se requiere de certidumbre, reglas para la inversión claras y que no cambien de un momento a otro, que haya certidumbre en cuanto al cumplimiento de leyes por parte del gobierno, consideró el especialista del CEEY.
