“Al día de hoy no tenemos asuntos presentados o que se hayan obtenido prisión preventiva oficiosa con ese fundamento porque estábamos esperando que salieran los criterios, aunque no tengamos prisión preventiva oficiosa, a pesar de no tener esa herramienta, y a pesar de las limitantes que nos están poniendo los jueces, vamos a tratar y estamos haciendo la petición a los jueces de que tengamos prisión preventiva justificada en los asuntos donde consideramos que hay un riesgo de que puedan huir los inculpados en estos delitos”, detalló el fiscal.
La prisión preventiva justificada es a petición motivada del Ministerio Público, de la víctima u ofendido. La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar impuesta que consiste en privar de forma temporal al supuesto culpable de su libertad, refiere Ángel Arteaga, en el artículo La prisión preventiva en el sistema acusatorio mexicano.
“Creo que valdría la pena hacer una nueva reflexión sobre estos temas, estamos analizando de qué manera se puede mandar de nuevo una iniciativa, si podría ser en otra disposición legal, haciendo una nueva reflexión; o incluso en el propio artículo 19 constitucional“, dijo el funcionario.
Explicó que México estaba en aptitud conforme a los tratados internacionales de establecer esta figura.
“Por un lado era la necesidad del Estado mexicano, pero por otro lado, nosotros cuidamos mucho el no criminalizar la pobreza, se decía que se iba a meter a la cárcel a los más pobres, pero si estamos hablando que son 8.6 mdp la mínima para tener prisión preventiva, quiere decir que en una defraudación fiscal por comprobantes fiscales tiene que haber sido una defraudación, un comprobante fiscal, por arriba de 24 millones de pesos, una persona de escasos recursos no va a ver 24 mdp en su vida”, culminó Romero Aranda.
