El gasto en pensiones crece considerablemente en proporción a la economía, mientras el gasto de inversión pública, el principal factor para la recuperación económica, se encuentra estancado, observó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En 2020, el gasto en pensiones representó el 4.1% del PIB, cuando en 2019 representó el 3.6%. Por abajo, se encontró el gasto de inversión, con 2.6% del PIB en 2020, y 2.2% del PIB en 2019, detalla la ASF en la Cuenta Pública 2022.
Del gasto del sector público, el 21.4% se destina a pensiones y jubilaciones, mientras que el gasto de inversión fue equivalente a 17.2%.
“Como ocurrió en los últimos años, sobresalieron las pensiones y jubilaciones al incrementarse 5.6% real, en relación con 2019, debido a los mayores recursos ejercidos por el IMSS en este rubro, así como por el programa Pensión por Vejez a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”, informó la ASF.
El presupuesto para la inversión pública se concentró en proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos y mantenimiento de infraestructura (Pemex); proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional (Defensa Nacional); proyectos de infraestructura económica de electricidad y mantenimiento de infraestructura (CFE), y reconstrucción y conservación de carreteras (Comunicaciones y Transportes).
“Ante la restricción presupuestaria, en el periodo 2015-2019 el Gobierno Federal realizó ajustes a la baja en la inversión pública, con excepción de 2018 cuando creció 1.8% real, con los consecuentes efectos negativos sobre el crecimiento de la economía, el entorno para la productividad y la cobertura y calidad en la provisión de infraestructura y servicios públicos”, refirió el documento.
Por lo anterior, el aumento real de la inversión física en 2020 se debe mantener de forma sostenida para los años siguientes, advirtió el organismo.
De acuerdo con las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas de la SHCP, en 2020 el 57.7% de los recursos de la inversión pública se canalizó a funciones de desarrollo económico, el 34.9% a las de desarrollo social y el 7.4% restante a las de gobierno.
Con información de Dainzú Patiño.
