Esto refleja que hay más dinero por cada crédito determinado por la autoridad, pero también que los contribuyentes, con posibilidades de defenderse y seguros de que no deben ese dinero, lo están haciendo, explicó Miguel Ángel Tavares, del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).
En 2020 no hubo reforma fiscal, pero sí se judicializaron procesos por presuntos delitos fiscales; bajo el supuesto de llegar a prisión en caso de no pagar los adeudos, grandes contribuyentes se pusieron a mano con el SAT, y luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que la prisión oficiosa no era constitucional. Algunos de estos contribuyentes comenzaron a impugnar los créditos, pues están más seguros de que se puedan resolver a favor, comentó Héctor Amaya, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
Detalló que la primera instancia de defensa es levantar un recurso de revocación al SAT, y la segunda, es un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Además de judicializar algunos supuestos delitos fiscales, el SAT se ha dedicado en esta administración a aplicar la ley y potenciar el uso de la tecnología, lo que le ha permitido tener una mayor precisión a la hora de determinar los créditos fiscales, aunque últimamente estos han sido “desproporcionados” con saldos a partir de 5,000 millones de pesos, especialmente a empresas y por comercio exterior, detalló Luis Pérez de Acha, abogado fiscalista, socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda.
El especialista considera que esta desproporción se relaciona con una menor recaudación de impuestos y mayores necesidades para el gasto público en los años venideros.
Más revisiones
Como parte del plan antievasión y elusión fiscal, el SAT se ha enfocado desde el inicio de esta administración a determinar adeudos, especialmente a los grandes contribuyentes, además de retirar las condonaciones que se otorgaban cada inicio de sexenio.
Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detallan que la obtención de recursos por fiscalización (aplicación de auditorías) en 2018 fue por 96,621 millones de pesos efectivamente pagados, mientras que al cierre de septiembre de 2023, este monto llegó a 324,825 millones.
Durante el período enero-septiembre de 2023, cada peso invertido en los actos de fiscalización se multiplicó por 192.9 por medio de la recuperación de cifras cobradas. En el periodo enero-diciembre de 2018, cada peso invertido se multiplicó por 54.8.
De acuerdo con cifras del SAT, hay un universo de 12,000 grandes contribuyentes, de los cuales ya han sido revisados más de 3,000, por lo que faltan 9,000.
Entre las empresas que han liquidado adeudos fiscales con el SAT destacan Walmart, BBVA México, Grupo Modelo, América Móvil, IBM, FEMSA y Grupo BAL.
