La propuesta de reforma al sistema de justicia mexicano, que se busca votar en septiembre cuando entre la nueva legislatura al Congreso, es una amenaza para la economía, inversiones y los acuerdos internacionales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Tan pronto avanzó el dictamen en el Congreso, el banco de inversiones Morgan Stanley rebajó su recomendación para participar en la cartera de inversión en México, a “Underweight” (subponderado).
“Bajamos la calificación de México a UW tras la propuesta de reforma judicial que el Ejecutivo envió al Congreso. Creemos que reemplazar el sistema judicial debería aumentar las primas de riesgo de México y limitar el gasto de capital. Esto significa un problema, pues el nearshoring ya está alcanzando cuellos de botella”, informó Morgan Stanley en un reporte.
La propuesta de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador busca destituir íntegramente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los nuevos ministros sean electos en las urnas el próximo año; además, jueces y magistrados serán relevados de manera escalonada y gradual: la mitad en 2025 y una tómbola decidirá si su puesto será sometido a las urnas o no.
Esta situación provocará atrasos en la resolución de juicios, mientras se instaura el nuevo sistema, además de que personas sin experiencia o desconocimiento puedan determinar resoluciones en materia de energía o telecomunicaciones, refieren especialistas de México Evalúa.
“Si nos vamos al terreno económico vemos ciertas afectaciones que podrían poner en peligro las primeras fuentes de empleos de los mexicanos, los principales motores del crecimiento económico, de la generación de divisas, y por supuesto la estabilidad del sistema para poder atraer inversiones, para poder generar una visión de crecimiento y atracción de talento, y retención de inversiones”, explicó Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa.
Con la aprobación de la reforma se pueden detener o ralentizar los juicios de todo tipo, laborales, mercantiles, lo que implica un menor crecimiento para la economía. Banco de México refiere que con una reducción de 100 días en la resolución de juicios mercantiles, las economías de las entidades federativas han crecido en promedio 0.6%.
Mariana Campos, directora de México Evalúa, destacó que a mejor resolución de contratos e independencia judicial, los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) son mayores.
La situación prende las alertas, pues se observa una disminución en las nuevas inversiones. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, en 2022, 46% de la IED era reinversión, mientras que al cierre del primer semestre de 2024 era 97.4%. “Esto significa que aunque esta inversión crezca, no está llegando nueva, esto quiere decir que no estamos aprovechando la oportunidad de la relocalización”, consideró Campos.
La reforma tiene el sentido de orientar la estructura económica hacia un mayor control del gobierno de actividades prioritarias y estratégicas, lo que “puede poner en tela de juicio qué tan de mercado es nuestra economía”, explicó Moreno.
De acuerdo con la OMC y la UNCTAD, las economías de mercado son aquellas donde las actividades económicas están determinadas por las fuerzas de oferta y demanda, la libre determinación de los precios, un Estado regulador para la seguridad de los consumidores, y la seguridad jurídica de los inversionistas.
“Cuando la intervención del gobierno en la actividad económica (…) es de manera excesiva, podría interpretarse como un factor importante de intervención estatal que podría categorizar a nuestro país como una economía de no mercado. La situación es grave, porque en el T-MEC se especifica claramente de que los socios no pueden generar transacciones o acuerdos comerciales con economías de no mercado”, destacó Moreno, de México Evalúa.
Además, la propuesta de reforma afecta directamente a tres capítulos de este Tratado; el 14, que habla de que la inversión debe ser tratada de manera equitativa; el capítulo 23 con relación a lo laboral; y el 27, que hace referencia a las políticas anticorrupción.
“Estos tres capítulos necesitan de tribunales que sean independientes e imparciales, y esta reforma atenta contra la independencia porque rompe las tres garantías que necesitan los jueces para ser independientes (…) el voto popular no va a garantizar eso. Los requisitos que se están poniendo en la reforma para ser juez son completamente insuficientes para que tengamos jueces con conocimiento e independencia de criterio”, dijo Mariana Campos.
La directora también enfatizó que a diferencia de lo que plantea el Ejecutivo en la propuesta de reforma, la reforma judicial sí tendría un impacto en el gasto público, “pues realizar campañas, por mínimas que sean, tiene un costo”.
Por ejemplo, en Estados Unidos, un país que tiene elección de jueces, la elección de 41 jueces de 17 estados, en 2021, tuvo un costo de 100 millones de dólares, es decir, entre 1,800 y 1,900 millones de pesos, detalló Campos.
“Este costo es muy importante tenerlo porque la situación financiera del gobierno federal es delicada, no habíamos visto un crecimiento tan bajo de los ingresos del gobierno federal en décadas. Tenemos un déficit que se ha triplicado en relación al cierre del sexenio anterior; entonces, la situación financiera no es trivial como para obviar ese costo, y además nos parece importante que se cumpla con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual estipula que toda reforma debe medir sus costos”, comentó Campos.
En tanto, un análisis de Citibanamex señaló que el mercado no parece haber descontado completamente que sí habrá una mayoría calificada de Morena en el Congreso, y que sí se aprobará la reforma judicial; también parece haber desdeñado el impacto político negativo de ésta y otras reformas, así como subestimado su riesgo económico.
Por lo que, en el futuro podría desencadenarse una reacción acumulada de los mercados, que hasta ahora se han mantenido contenidos, advirtió la firma financiera.
“Hasta ahora hemos sido moderadamente menos optimistas que el consenso de economistas en nuestras proyecciones de variables financieras: estimamos que el peso se depreciará en mayor medida y que el PIB crecerá menos, tanto en 2024 como en 2025. Estas previsiones incorporan que hay una significativa tolerancia al riesgo por parte de los agentes económicos (en la lógica de “esperar a ver”)”, detalló Citibanamex.
