La reforma que busca integrar cinco órganos autónomos y dos comisiones reguladoras a otras dependencias federales representa un ahorro de apenas 84 millones de pesos al año, de acuerdo con cálculos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).
La economía por el ajuste representa 0.0009% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado para 2024, y que es el monto destinado al pago de nómina de los titulares de estos organismos.
“[El ajuste estimado por el CEFP] no representa un gran ahorro en comparación con todo el presupuesto público o con lo que se destina a los propios organismos. Al final, con la eliminación de las plazas de los comisionados del IFT, el INAI, de la CRE, Cofece o la CNH, se estima un ahorro de 84 millones de pesos al año, que es muy poco como para argumentar que el objetivo principal es generar un ahorro”, consideró José Luis Clavelina, director de Investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
El dictamen de la iniciativa de reforma en materia de simplificación orgánica, aprobado el viernes pasado en la Comisión de Puntos Constitucionales , establece que los comisionados, que a la entrada en vigor del Decreto continúen en su encargo, deberán concluir sus funciones con la nueva legislación.
También refiere que se busca integrar las tareas de estos siete organismos a distintas instituciones federales.
Por ejemplo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se integraría al Inegi, un órgano que también es autónomo. Esto implicaría que el presupuesto que se destinaba a este Consejo se reasigne al instituto de estadística para cumplir con los objetivos de estos entes autónomos.
De acuerdo con el PEF aprobado para 2024, el presupuesto asignado para estas siete instituciones suma 5,042 millones de pesos, lo que representa 0.055% del gasto total de la administración pública, que es mayor a los 9 billones de pesos.
“En la práctica para cumplir con los mandatos y las funciones de estos órganos autónomos, que se plantea desaparecer, uno pensaría que tendrían que hacer ajustes en su funcionamiento; quizás contratar personal, rentar oficinas...
"No es como que se vayan a obtener estos 5,000 millones de pesos de ahorros, porque al final de cuentas estas dependencias tendrían que incrementar en alguna medida su presupuesto si es que quieren cumplir a cabalidad con el mandato de los órganos”, comentó Diego Díaz, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Según el Decreto, las economías y ahorros que se generen con la extinción de los siete entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
El investigador del CIEP consideró que, en sí, la propia volatilidad que se está generando por la discusión e incertidumbre de las reformas en el tipo de cambio del peso frente al dólar ya representa costos para las finanzas públicas, como el incremento de la deuda pública exterior.
El especialista del IMCO considera que la extinción de estos órganos representa implicaciones para la atracción de inversiones y el bienestar de la población.
“En ninguna medida estos ahorros justifican la desaparición de estos órganos autónomos y la manera en la que comprometen el cumplimiento de sus funciones.
"Al final abordan múltiples áreas, como garantizar mejores precios y calidad de los bienes y servicios que recibimos los mexicanos por parte de las empresas, hasta temas de acceso a información, en el caso del INAI, pasando por lo que hace mejor en términos de evaluación educativa y la propia CNH en materia de regulación energética”, comentó Díaz.
La eliminación de los órganos autónomos como Cofece e IFT pondría en riesgo la competencia y regulación de mercados, incrementando prácticas anticompetitivas, y afectando la calidad y precios de bienes y servicios, alertó México Evalúa en un análisis.
Un claro ejemplo es la regulación asimétrica que el IFT impulsó desde su creación, y que ha reducido los precios de los servicios de las telecomunicaciones en más del 31.7% en la última década. Además, México se ha comprometido ante la comunidad internacional, y específicamente ante el T-MEC, a mantener reguladores y tribunales competentes e imparciales, detalló México Evalúa.
