"A medida que el poder judicial se realinea cada vez más con los poderes ejecutivo y legislativo, su papel en el control y equilibrio de las otras ramas de poder se deteriorará", dice.
Resalta que en el pasado el Poder judicial ha frenado cambios legales radicales.
"La preocupación de los inversionistas por la incertidumbre jurídica ha contribuido a la volatilidad financiera en el corto plazo, y un shock de confianza prolongado podría ampliar los diferenciales gubernamentales y frenar la inversión privada, lo que presionaría la asequibilidad de la deuda y las perspectivas de crecimiento para 2025 en adelante".
También se anticipa un daño a los sectores corporativos de México que dependen de concesiones y grandes inversiones, como la minería y las telecomunicaciones.
"Los cambios en el sistema judicial serían particularmente perjudiciales para las futuras inversiones en nearshoring".
Y si la incertidumbre sigue presionando el peso mexicano, esto también perjudicaría los indicadores crediticios de las empresas que calculan sus costos en dólares y generan ingresos en pesos.
Para el sector infraestructura además de la reforma judicial, le afecta la eliminación de los órganos reguladores, explica que esto va a incrementar la incertidumbre en torno a las normas y procedimientos, haciéndolo menos atractivo para la inversión privada.
"Cuanto mayor sea la percepción del riesgo, más alta será la rentabilidad de las inversiones que buscarán los inversionistas y más elevados serán los costos adicionales derivados del análisis legal y la diligencia debida".
Respecto al sector bancario, Moody's explica que este ya enfrenta importantes dificultades en el cumplimiento de las leyes de garantías y procesos prolongados de resolución de quiebra.
"Los últimos acontecimientos socavarán los beneficios para los volúmenes de negocio y la rentabilidad de los bancos que se esperaban por las actividades de nearshoring".
