El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que la presidenta revisó minuciosamente las cifras y ajustó gran parte de las metas. “Nos ha hecho preguntas sobre detalles que a veces ni nosotros habíamos considerado”, reconoció.
De la confianza al crecimiento
El objetivo de lograr que la inversión represente más de 25% del PIB para 2026 es visto como un mensaje de confianza en medio de un panorama marcado por la Reforma Judicial y la desaparición de organismos autónomos, señala Adriana García, coordinadora de análisis económico en México, ¿cómo vamos?.
Según datos del Inegi, en el tercer trimestre de 2024, la inversión alcanzó el 24.3% del PIB, a precios corrientes, una cifra cercana al objetivo de 2026. En el cuarto trimestre de 2011, la inversión llegó a un pico del 26%, lo que indica que alcanzar el 28% para 2030 será ambicioso, pero no imposible.
Para García, fijar metas basadas en la inversión como porcentaje del PIB es más realista que apuntar a cifras exorbitantes de IED. “Esta meta refleja un enfoque en fortalecer la infraestructura, implementar tecnología y transformar la economía, en lugar de depender exclusivamente de montos elevados de inversión extranjera”, explica.
Acciones como el Plan México o acciones que estén concentradas en política industrial y en atender variables que son importantes para que el país atraiga inversión, independientemente de la entrada de Donald Trump en Estados Unidos.
Ana Gutiérrez, coordinadora de comercio exterior y mercado laboral del IMCO, comenta que si bien Estados Unidos es el principal inversionista en México, con más de 40% de la IED, también hay inversiones muy significativas de España, de países de la Unión Europea, de Japón entre otros.
“Entonces sí es importante mantener el ojo sobre la relación de México con sus socios comerciales y en particular con los del T-MEC, pero también no perder de vista el elemento de la infraestructura y de la estructura económica a nivel nacional, donde se puede hacer mucho para volvernos más atractivos para las inversiones extranjeras, pero también domésticas”.
¿Y la certeza jurídica?
Aunque el Plan México ofrece una dirección clara, las especialistas advierten que no aborda cómo garantizar la certeza jurídica que necesitan los inversionistas privados, quienes aportan la mayor parte de la inversión total. Esto no solo implica respetar los contratos, sino también asegurar condiciones clave como seguridad pública, acceso a energía e insumos indispensables para las operaciones.
La participación del sector privado será crucial para alcanzar las metas planteadas, ya que los recursos públicos son limitados y deben destinarse a prioridades como salud, educación y seguridad.
Las inversiones estratégicas contempladas en el Plan México presentan altos riesgos, pero también un potencial de rentabilidad que solo puede materializarse con la confianza y colaboración del sector privado.
Ambas especialistas coinciden en que la certidumbre jurídica para las inversiones es importante y no necesariamente se va a poder resolver con los ejes del Plan México.
Eso también tiene que ver con las señales que envía el gobierno mexicano y de cómo se van dando las cosas en los cambios al Poder Judicial y la eliminación de los organismos autónomos.
Dentro de los puntos positivos que destaca la experta del IMCO está el impulso del contenido regional no solo a sectores, también de las exportaciones, porque ese es un tema estancado durante varias décadas en México.
“Creo que esos elementos podrían verse como positivos. Pero sin duda depende de cómo se llevan a cabo las acciones y de qué tanto se dan inversiones en infraestructura y en los sectores estratégicos, que sean productivas”, señala Gutiérrez.
