La aplicación de la inteligencia artificial y la digitalización de procesos afila los dientes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para detectar y determinar adeudos fiscales a los contribuyentes.
En 2024, el monto de los créditos fiscales de los contribuyentes con la autoridad tributaria aumentó más de medio billón de pesos, al pasar de 2.332 billones de pesos al cierre de 2023, a 2.854 billones al cierre de 2024, lo que representa una diferencia de más de 522,000 millones de pesos.
El crecimiento, en pesos, es el más grande del que se tiene registro desde 2018, cuando entró la administración de Andrés Manuel López Obrador, concentrada en el combarte a la evasión y elusión fiscal con la ayuda del uso de tecnología, y la digitalización de procesos y documentos, que empezó en la administración de Enrique Peña Nieto.
El ritmo en el crecimiento de las deudas con el fisco obedece a la exactitud del SAT a la hora de implementar un crédito fiscal, gracias al uso de inteligencia artificial en su sistema que empezó en 2024.
“No hay fórmula mágica, la fórmula es que el gobierno ha decidido ser mucho más enérgico y eficiente en el manejo de las auditorías mediante el uso de tecnología. Pasaron varios años construyendo un sistema bastante sofisticado, que hoy incluso, ya incluye inteligencia artificial. Tenemos ya años proveyendo muchísima información vía electrónica. Recién todas las condiciones están para que puedan tener una identificación muy rápida de señales de riesgo y de enfocar sus auditorías”, explicó en entrevista José Manuel Ramírez, socio y líder de Alvarez & Marsal Tax México.
La imposición de los créditos se concentró en las personas morales (90% de los créditos), de los cuales más del 40% son grandes contribuyentes.
El especialista en materia de impuestos considera que la fiscalización a las grandes empresas continuará como una tendencia, al menos en los siguientes cinco o 10 años, extendiéndose a sectores específicos y a empresas de menor tamaño.
“Esa va a ser la tendencia; más fiscalización, esperamos que el SAT mejore su forma de fiscalizar con la tecnología y también que las empresas estén cada vez más preparadas para coadyuvar en las auditorías, pero siempre hay situaciones en las cuales no pueda llegarse a un acuerdo, y por lo tanto nuestras leyes fiscales y la Constitución establecen una serie de mecanismos a disposición de los contribuyentes para defender sus intereses cuando así proceda”, explicó Ramírez.
De acuerdo con Hacienda, de estos más de 2 billones de pesos en créditos, 1.868 billones están en disputa o controversia. En 2024 se registró el mayor número de créditos controvertidos con 191,452; unos 70,654, más a los registrados en 2018, ha habido un importante incremento en los métodos de defensa que han interpuesto los contribuyentes luego de la determinación de estos créditos, y que en la administración de López Obrador se concentraron en los grandes contribuyentes.
Estos créditos fiscales controvertidos están controlados por la administración tributaria a cargo de contribuyentes que promovieron medios de defensa y por lo cual no pueden ser objeto de acciones de cobro.
Con estos 1.868 billones de pesos que están en disputa se podría financiar una quinta parte de todo el presupuesto programado para 2025, incluyendo los gastos programables y no programables para el IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE.
En tanto, la cartera de créditos no controvertidos suma 986,436 millones de pesos, de los cuales, 581,523 millones, el 59%, son factibles de cobro, y el resto; 404,913 millones, 41%, tienen baja probabilidad de cobro.
