Al mismo tiempo, el contrabando gana participación en mercados donde los precios al alza empujan la demanda hacia alternativas no reguladas, señala un análisis del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS por su sigla en inglés).
Desde el retorno de Trump a la presidencia, Estados Unidos reconfiguró su política comercial bajo una lógica transaccional y coercitiva. Los aranceles ya no buscan solo corregir desequilibrios económicos, sino también presionar aliados y adversarios en temas tan diversos como migración, drogas o geopolítica, como es el caso de México, Canadá y China.
La tasa arancelaria efectiva promedio de Estados Unidos escaló a 15.6% en junio de 2025, el nivel más alto en casi nueve décadas, asegura el think tank británico.
Las implicaciones inmediatas son conocidas. Aumento de costos de importación, caída en la competitividad, distorsiones en las cadenas de suministro y menor certidumbre para la inversión. Pero hay una consecuencia menos explorada: el auge del comercio ilícito derivado de las fricciones arancelarias.
Los grupos criminales entienden bien esta dinámica. A diferencia de actores legales, no enfrentan obstáculos regulatorios ni carga fiscal. Su estructura es líquida, su operación transnacional y su capacidad de adaptación supera la de muchas corporaciones.
La ofensiva arancelaria de Trump incentiva nuevas rutas y modelos. Redes chinas y mexicanas, que ya colaboraban en narcotráfico y lavado de dinero, ahora exploran oportunidades en el comercio paralelo de bienes legales: electrónica, autopartes, agroalimentos. La saturación en aduanas y los sistemas de inspección ineficientes favorecen el paso de mercancía falsificada, subfacturada o redirigida a través de terceros países.
Las condiciones estructurales también contribuyen. Las diferencias de tarifas entre mercados vecinos crea incentivos para el desvío comercial. El rezago tecnológico en los sistemas aduaneros permite filtraciones masivas. Y la fragmentación en la cooperación internacional limita las respuestas coordinadas, sobre todo en contextos de tensión diplomática.
De acuerdo con un reportaje de The New York Times, varias empresas estadounidenses denuncian que los aranceles de Trump han detonado una ola de fraudes comerciales. Transportistas y exportadores ofrecen “soluciones” para esquivar impuestos, como falsificar el valor declarado, reclasificar productos o reexpedir mercancías vía terceros países. Estos esquemas, publicitados incluso por correo electrónico y redes sociales como TikTok, escalan en volumen y sofisticación, dejando a las firmas que cumplen la ley en desventaja competitiva y erosionando miles de millones de dólares en recaudación.
Los antecedentes no dejan dudas. Durante la guerra comercial de 2018-2019, las pérdidas por evasión arancelaria se calcularon en hasta 130,000 millones de dólares, según Goldman Sachs.
Negocio millonario
Un informe interno del Departamento del Tesoro estima que el lavado de dinero basado en el comercio (TBML por sus siglas en inglés) mueve cientos de miles de millones de dólares al año, con un alza marcada desde 2023.
Esta modalidad incluye manipulación de facturas, ocultamiento de origen, reexportación ficticia y empresas fachada. La expansión de los aranceles ha hecho del TBML una herramienta aún más eficiente y menos detectable.
World of Crime, un think tank que investiga el crimen organizado, señala que en países vecinos como México y Canadá, estas distorsiones pueden disparar el uso de redes clandestinas de banqueros del mercado negro que, además de evadir aranceles, lavan dinero ilegal.
En paralelo, el desvío de productos chinos a través de Vietnam, Malasia y otros países aumentó más de 30%. La historia parece repetirse, ahora con tecnología más sofisticada y redes criminales mejor financiadas, dice el IISS.
La migración irregular también entra en el tablero. El endurecimiento de la frontera sur redujo los cruces, pero incrementó la rentabilidad de las redes que controlan el movimiento. Los migrantes atrapados en puntos de tránsito se convierten en blanco fácil para el tráfico de personas, extorsión o reclutamiento criminal. La economía de la desesperación encuentra su nicho en los márgenes del proteccionismo.
A esto se suma la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, una jugada simbólica que amplifica el riesgo político sin resolver el problema estructural. Paradójicamente, el intento por cortar los flujos de fentanilo desde México y Canadá mediante aranceles puede debilitar la cooperación bilateral en seguridad, fragmentar los mecanismos regionales de control y empujar a los grupos criminales hacia actividades más diversificadas, menos visibles y más rentables.
El impacto excede lo económico. Con flujos ilícitos estimados en 3 billones de dólares en 2023, según cálculos de Naciones Unidas, los grupos criminales no solo mueven dinero. También capturan instituciones, distorsionan mercados y redefinen las reglas de juego. Su presencia en sectores legales, desde bienes raíces hasta comercio exterior, convierte cada decisión fiscal en una variable más de su modelo de negocios, señalan los expertos.
Advierten que el rediseño del orden económico bajo Trump no toma lugar en un vacío. Cada barrera comercial genera una fuga, cada arancel impuesto, una oportunidad nueva. Mientras las multinacionales revisan sus mapas logísticos, las organizaciones criminales ya operan con ventaja. El crimen organizado no necesita tratados.
