El reloj avanza sin pausa y el jitomate carga el peso de una disputa que rebasa fronteras. En la mesa de negociación, México busca un acuerdo. Pero al otro lado, las presiones políticas y del gremio se acumulan como cajas apiladas en un centro logístico.
El 14 de julio marcará la fecha en que se reactiva un arancel antidumping de 20.91% sobre el jitomate mexicano. Si no hay pacto, ese muro tarifario se levantará sobre una de las exportaciones más sensibles de la región.
Florida se hartó de esperar. Después de años de súplicas ignoradas por la Casa Blanca, los agricultores del estado celebraron la caída del Acuerdo de Suspensión del Tomate, que se informó el 16 de abril por el Departamento de Comercio de Estados Unidos.
La decisión llegó con el sello de Donald Trump y el respaldo de su nuevo secretario de Comercio, Howard Lutnick. El golpe final al acuerdo de 2019 encendió los ánimos en el Capitolio y reactivó el viejo grito contra las importaciones mexicanas. Competencia desleal. Así la nombraron.
El congresista Vern Buchanan tomó la bandera. Vicepresidente del Comité de Medios y Arbitrios, sumó su voz a la del senador Rick Scott y a otros 17 legisladores. Enviaron una carta a Lutnick para agradecer el fin del acuerdo. Afirmaron que nunca protegió al agricultor estadounidense. Lo tacharon de espejismo.
Según ellos, cada renegociación, desde 1996, prometió equilibrio. Ninguna lo logró. La participación de mercado de los productores nacionales cayó de 80% a solo 30%. México llenó el vacío con envíos baratos y constantes.
La misiva no llegó sola. Llevó la bendición de la Florida Tomato Exchange (FTE), una voz que no necesita presentación en el campo estadounidense. Sus miembros no solo dominan la producción en su estado, también figuran entre los principales cultivadores en California, Georgia, Nueva Jersey, las Carolinas, Tennessee y Virginia.
Las empresas de FTE representan más de 90% del jitomate que se cultiva en Florida. A escala nacional, su alcance impresiona aún más. Aportan la mitad del este fruto fresco que se produce en todo Estados Unidos.
El mensaje de la parte política y de las empresas es claro. Que se cumpla el calendario y se ejecute la medida sin demora. Solo así, dijeron, podrán competir en igualdad de condiciones.
Desde Arkansas hasta Carolina del Norte, las voces se multiplicaron. En Michigan, los productores calcularon que cultivar una caja cuesta más del doble que en México. En Alabama, pequeños agricultores narraron cómo fueron expulsados del negocio. El diagnóstico se repitió en cada carta a Lutnick.
El dumping mexicano recibió un fallo contundente en 2019 por parte del Departamento de Comercio. La Comisión de Comercio Internacional validó ese veredicto. En abril de este año, el Tribunal de Comercio Internacional ratificó el daño. Para los republicanos, no hay margen para una nueva negociación. Solo queda aplicar la ley.
La investigación original, iniciada en 1996, se detuvo tras la firma de una serie de acuerdos de suspensión. Esos acuerdos permitieron a la industria mexicana eludir la imposición de derechos antidumping, siempre que cumpliera ciertas condiciones diseñadas para proteger a los productores estadounidenses de prácticas comerciales desleales.
El reinicio de la investigación en 2019 respondió a una solicitud formal de una coalición de productores estadounidenses, encabezada por FTE. La intención fue comprobar que el dumping persistía a pesar de los acuerdos en vigor.
En 1996, la indagatoria preliminar del Departamento detectó márgenes de dumping de hasta 188.45%, con una tasa promedio del 17.56%. Pero el caso se cerró sin una resolución definitiva, debido a la entrada en vigor de los acuerdos de suspensión. Veintitrés años después, con datos más recientes, la nueva investigación confirmó que los productores mexicanos seguían vendiendo tomates por debajo del valor justo en el mercado estadounidense. El margen más alto alcanzó 30.48% y el promedio fue de 20.91%.
Del lado mexicano, el panorama se oscurece. Los productores solicitaron una prórroga de 90 días para evitar el desplome, de acuerdo con World Trade Online. El 7 de junio, las asociaciones exportadoras pidieron al secretario Lutnick extender el plazo hasta octubre.
Argumentaron que la medida carece de consenso y afectaría a miles de agricultores en Sinaloa, Baja California y San Luis Potosí. Las autoridades mexicanas activaron una ofensiva diplomática. El gobierno presentó una nueva propuesta para mantener el comercio sin interrupciones. La negociaciones fueron encabezadas por el Secretario de Agricultura, Julio Bergué, y el subsecretario de Comercio de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez.
Pero la ventana se cierra. El 14 de julio marca el límite. Si no hay acuerdo, la cuota entrará en vigor. El golpe alcanzará a exportadores, distribuidores, importadores y consumidores. México abastece cerca de 90% del jitomate fresco que se vende en Estados Unidos.
El jitomate sostiene su lugar entre los cinco productos agroalimentarios más valiosos de México. Con ingresos cercanos a 3,200 millones de dólares. Sinaloa aporta 19% de la producción total y marca el ritmo de los envíos durante el invierno. En primavera y verano, el relevo cae sobre el centro y el occidente del país. San Luis Potosí aporta 14% de la producción, Michoacán 8%, Baja California Sur 6% y Morelos 5%.
El nuevo arancel equivale a 8 centavos por libra. Pero el impacto va más allá. El American Action Forum estimó un alza de hasta 11% en el precio final. El consumidor absorberá el costo.
Los anaqueles no distinguen origen. Jitomates saladette, roma, heirloom o cherry subirán por igual. El golpe llegará a hogares, restaurantes y cadenas minoristas. Los márgenes se estrecharán. Los menús cambiarán. El jitomate, símbolo del campo compartido, se convierte en rehén de una batalla comercial que arrastra cifras, discursos y promesas.
Sustituir la oferta mexicana requeriría hasta 250,000 acres adicionales de cultivo. “Esto equivale a una superficie de hasta seis veces el tamaño de Washington”, señala Jacob Jensen es analista de política comercial del American Action Forum.
No hay tierra suficiente ni recursos inmediatos. Reconvertir esa superficie significaría desplazar otras cosechas, invertir en infraestructura y asumir riesgos logísticos. La autosuficiencia suena bien. Pero no basta con nombrarla.
