Transferencias ayudan, pero no son suficientes
El Inegi estimó dos escenarios “con” y “sin” transferencias para observar estadísticamente el efecto sobre la reducción de la pobreza.
En 2024, el 29.6% de la población vivía en pobreza; sin apoyos gubernamentales, esa proporción habría sido de 32.8%.
En términos absolutos, las transferencias evitaron que 4.2 millones de personas cayeran en pobreza. En la pobreza extrema, el efecto fue de 5.3% con apoyos a 6.9% sin ellos, es decir, dos millones de personas más en situación crítica.
Puedes estar arriba de la línea de pobreza por ingresos, pero si no tienes salud o educación pública de calidad, tu bienestar real no mejora
Alejandra Macías, directora del CIEP (Centro de Investigación Económica y Presupuestaria)
“El aumento a las transferencias monetarias del gobierno se concentró hacia los hogares de mayor ingreso y tiene un efecto mínimo sobre la pobreza y nulo sobre la pobreza extrema”, advirtió Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que además subraya que 65% de los hogares más pobres no recibe estos apoyos.
La tendencia es similar en la medición de ingreso. Sin transferencias, la proporción de personas con ingresos por debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos sería de 12.8%, frente al 9.3% registrado; y en la pobreza moderada, de 39.7% frente a 35.4%.
La disminución de la pobreza moderada ha sido más rápida que la de la extrema, porque el impacto del salario mínimo favorece más al empleo formal
Máximo Jaramillo, director del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad
Pese a estas cifras, el trabajo sigue siendo la fuente dominante del ingreso, ya que aporta 75 de cada 100 pesos que reciben los hogares, mientras que las transferencias gubernamentales aportan más de 16.
Alejandra Macías, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), admite que el salario mínimo ha tenido un papel decisivo en la reducción de la pobreza.
“Es innegable que el aumento del salario mínimo ha sido significativo, sobre todo después de años de contención. Ha contribuido a mejorar el ingreso de quienes menos ganan, incluso en un contexto de bajo crecimiento económico”.
Mercantilización de las carencias
El retroceso más grave está en el acceso a los servicios de salud. En 2018, 20 millones de personas carecían de ellos; en 2024, la cifra subió a 44.5 millones, equivalente al 34% de la población, con picos críticos como Chiapas, donde alcanza 63.3%.
“El balance podría ser negativo si aumentan los ingresos pero se deterioran los servicios de salud, educación o vivienda”, alertó Máximo Jaramillo, investigador del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad, quien también apuntó a una “remercantilización” de la salud. Argumenta que en 2018, cuatro de cada 10 personas con problemas de salud acudían al sector privado; para 2022, eran seis de cada 10.
Alejandra Macías coincide en que este deterioro está obligando a las familias a destinar parte del ingreso adicional a cubrir servicios que deberían ser públicos.
“Puede ser que las familias sí tengan más dinero en el bolsillo, pero tienen que gastarlo en bienes y servicios que deberían proveerse de manera pública. El ejemplo más claro es la salud: por más que se hable de un sistema universal, las personas terminan atendiéndose en farmacias o servicios privados”, apuntó.
Se necesita enfocar la política social
“La política social queda a deber; en la dimensión social no hay mejoras sustantivas”, concluye el análisis de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. La organización subraya que, pese al aumento del gasto en transferencias —de menos de 150,000 millones de pesos en 2018 a 700,000 millones en 2024—, su impacto en pobreza extrema es nulo y sus beneficios se concentran en hogares de ingresos medios y altos.
Entre sus propuestas destacan: crear empleos de calidad, garantizar salud y educación con equidad, corregir la distribución de transferencias para no excluir a los más pobres y potenciar la participación laboral de mujeres y jóvenes.
Para Macías, reducir la pobreza extrema requerirá “políticas más organizadas que identifiquen y atiendan a quienes necesitan más apoyo, en lugar de dispersar los recursos”. Además, enfatizó que, sin una reforma fiscal donde paguen más quienes más tienen, será muy difícil financiar políticas sociales más ambiciosas.
El reto, coinciden especialistas y organizaciones, es pasar de una política social centrada en transferencias a otra que construya un piso efectivo de derechos, capaz de sostener el bienestar más allá del ingreso.
