En la víspera del Paquete Económico 2026, el gobierno de México adelantó que parte los cambios en materia fiscal consistirá en reformas para el combate a empresas factureras, fantasma o fachada, las cuales simulan operaciones, con el objetivo de evadir impuestos, solicitar saldos a favor al fisco o lavar dinero, lo que representa pérdidas millonarias para el erario público.
El gobierno va contra las empresas factureras, ¿qué son y cómo operan?
Para generar más ingresos tributarios, sin reforma fiscal, el gobierno presentará una propuesta de cambios para combatir la emisión de facturas con contenido falso.
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Ante una reforma fiscal ya descartada para el próximo año, el tiro contra las factureras se afina tras el objetivo de generar más ingresos públicos, mermados principalmente por menores ingresos petroleros.
Esta acción “nos va a dar más recaudación que cualquier incremento que pudiéramos hacer al ISR. Calderón subió el IVA, Peña cambió el ISR, y su recaudación no tuvo nada que ver con la recaudación del presidente, López Obrador, el incremento y lo que estamos nosotros consiguiendo el primer año, solamente de seguir cerrando los espacios de evasión”, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia mañanera el pasado 22 de agosto.
La política anti factureras o empresas fachada o fantasma, dio su banderazo en 2014, en la administración de Enrique Peña Nieto, con una reforma al Código Fiscal de la Federación, la cual otorgó al SAT la atribución de investigar y sancionar a estas simuladoras, incluyendo la publicación de estas en las conocidas listas negras en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el objetivo de que los supuestos malhechores desvirtúen los hechos imputados por la autoridad.
Después, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en vez de incrementar los impuestos o aplicarlos a más productos y servicios, la política tributaria radicó en una mayor vigilancia para el cumplimiento, digitalización, facilitación administrativa, y combate a la evasión y elusión fiscal. Como parte de ello, en noviembre de 2019, Hacienda publicó un decreto para incluir delitos fiscales como la emisión, enajenación y compra de comprobantes fiscales falsos como crímenes que ameritan la prisión preventiva oficiosa. En octubre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declaró inconstitucional. Este mes reafirmó esta decisión.
Por lo que la propuesta para el combate de estas empresas para el siguiente año fiscal puede venir en el sentido de afinar procesos para detectar estas operaciones, además del mayor uso de tecnología para ello, refiere el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
En tanto, “todavía se presenta este lastimoso fenómeno para que no se pague impuestos”, reiteró la presidenta.
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