Cada mejora en la calificación abre la puerta a más confianza, más inversión y más oportunidades. Nuestro compromiso es anticiparnos y trabajar siempre con organismos internacionales para que México mantenga la confianza del sistema financiero global
Soraya Pérez Munguía, presidenta ejecutiva de UNIFIMEX.
2026, la fecha clave
La evaluación “in situ” del GAFI para México está programada para abril de 2026, y su informe se discutirá en una plenaria del organismo alrededor de octubre del mismo año.
De acuerdo con un análisis de la firma global de consultoría de riesgo y cumplimiento, K2 Integrity, la evaluación de 2026 será más exigente porque ya no basta con cumplir normas en papel, sino demostrar efectividad real en la lucha contra el lavado.
“La metodología actualizada de 2022 (...) enfatiza no solo el cumplimiento técnico, sino también la efectividad tangible”, señala la firma en un reciente análisis.
K2 Integrity advierte que, pese a los avances, persiste una brecha entre la inteligencia financiera generada por la UIF y el seguimiento judicial de la Fiscalía.
La designación de cárteles como Foreign Terrorist Organizations por parte de Estados Unidos eleva el riesgo para empresas e instituciones financieras, que podrían ser sancionadas si no refuerzan sus controles internos y la transparencia en sus operaciones.
Para Soraya Pérez, la próxima evaluación al sistema financiero mexicano, en 2026, “no debe verse como una sanción, sino como una señal clara de que México debe seguir elevando sus estándares, mostrando al mismo tiempo cooperación y progresos tangibles”.
La importancia de este examen se agudiza por el contexto actual. Hace unos meses, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres instituciones financieras mexicanas por presuntamente facilitar operaciones de lavado vinculadas a cárteles de la droga, que el gobierno de Donald Trump ha designado como organizaciones terroristas. Este episodio elevó la tensión y colocó a México bajo mayor escrutinio en un momento en que busca demostrar avances regulatorios ante el GAFI.
Los riesgos de un mal desempeño
Si México no logra mejorar su calificación en 2026, puede enfrentar mayores costos de fondeo, menor apetito de corresponsales bancarios y un escrutinio más severo sobre flujos críticos como las remesas.
“No mejorar las calificaciones significaría también un freno a la confianza que requieren los inversionistas para sostener el crecimiento y aprovechar el nearshoring”, advierte Pérez.
En los últimos años se han registrado avances relevantes, como reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), programas de capacitación de alto nivel con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), encuentros con Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica estatales, y un próximo Summit de Cripto y PLD en alianza con el IRS y Homeland Security. Además, Unifimex firmó un convenio para desarrollar sistemas de alertas tempranas y mapas de calor de riesgos, reforzando la cooperación público-privada en línea con las recomendaciones internacionales.
“La prioridad es estar un paso adelante. En Unifimex trabajamos de la mano con nuestros agremiados para que se conserve la confianza y la integridad del sistema financiero”, subraya Pérez.
La ejecutiva confía en que el nuevo equipo de la Secretaría de Hacienda, la CNBV y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene la capacidad para conducir el proceso con éxito, pero siempre con el respaldo del sector privado.
La GAFI está presidida por una mexicana, Elisa de Anda Madrazo, quien inició su periodo en julio de 2025 y lo terminará el 30 de junio de 2026.
Países en peor posición que México
México está en “enhanced follow-up”, lo que implica reportar avances periódicos pero sin sanciones ni restricciones financieras directas, a diferencia de la lista gris, que sí eleva el riesgo país y encarece de inmediato la inversión y el fondeo.
Bolivia enfrenta las consecuencias directas en su reputación financiera con un menor apetito de inversionistas, retiro o endurecimiento de relaciones con corresponsales bancarios y un aumento en el costo de fondeo soberano y corporativo.
El 13 de junio de 2025, Bolivia fue incorporada a la lista gris del GAFI por deficiencias en su sistema antilavado y de financiamiento al terrorismo.
Otro ejemplo reciente es Sudáfrica, país que fue incluido en la lista gris del GAFI en febrero de 2023 por deficiencias en su régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Pero el 16 de junio de 2025 el organismo confirmó que dicho país completó sustancialmente las 22 recomendaciones de su plan de acción, lo que abre paso a una “evaluación in situ” que podría llevar a su salida de la lista gris en la próxima plenaria.
En el caso sudafricano, su propio banco central reconoció que estar en esa categoría ha sido “costoso” para acceder a financiamiento internacional, mientras que Bolivia, recién incluida en 2025, podría ver efectos adversos en la confianza de los mercados.
Los países en situaciones aún más críticas —como Irán, Corea del Norte y Myanmar, que integran la lista negra— muestran el extremo de estas consecuencias con un aislamiento casi total del sistema financiero global, mayores costos de capital y restricciones severas para atraer inversión.
