De la amnistía de EPN a la de Sheinbaum
El antecedente más reciente fue el programa de repatriación implementado en 2017, cuando más de 5,000 contribuyentes retornaron al país más de 385,000 millones de pesos desde el extranjero. Pagaron una tasa preferencial del 8% y obtuvieron facilidades administrativas, bajo el argumento de que los recursos se destinarían a inversión productiva.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el programa dejó una recaudación de poco más de 20,000 millones de pesos, pero la mayor parte de ese dinero no llegó a la economía real. Más del 80% se colocó en instrumentos financieros, acciones o depósitos bancarios, mientras que solo 1% se dirigió a la compra de activos fijos. Además, más de 900 contribuyentes no informaron en qué utilizaron los fondos, lo que impidió rastrear cerca de 19,000 millones de pesos.
Es razonable que se incentive el regreso de capitales, pero solo si se garantiza que estos recursos se inviertan de verdad y no se utilicen como un nuevo refugio financiero
Luis Alberto Romero, director de Rofa Legal & Tax
Además, en ese momento, “fue una amnistía discrecional y sin controles, además de inconstitucional, porque el Ejecutivo no tiene facultades para reducir tasas de impuestos por decreto”, explicó Benumea al recordar que el programa de Peña Nieto dejó sin rendición de cuentas ni evaluación de impacto, además de que se emitió por decreto. Un vicio que evita la actual propuesta del Paquete Económico 2026.
En 2017, la mayoría de los recursos repatriados se invirtió en instrumentos financieros y no directamente en inversiones físicas, lo cual es también una crítica de los especialistas.
No obstante, desde el sector bursátil, Laura Martínez Martínez, presidenta del Subcomité Fiscal de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, reconoció el esfuerzo del gobierno por incentivar el retorno de capitales lícitos, aunque advirtió que la iniciativa ya no permite canalizar esos recursos a través de instituciones financieras mexicanas, como en 2017. Señaló que retomar esa vía fortalecería el programa, daría mayor seguridad y vincularía los fondos repatriados con proyectos productivos y con el Plan México.
El riesgo de volver a premiar a los incumplidos
Aunque la propuesta actual amplía los sectores donde podrían invertirse los recursos —infraestructura, innovación tecnológica o transición energética— los especialistas temen que se repita el patrón de 2017. Benumea considera que nada garantiza que el dinero no termine nuevamente en instrumentos financieros que poco aportan al empleo o a la producción.
“Si observamos lo que pasó antes, lo más probable es que los recursos vuelvan a colocarse en instrumentos financieros y no en proyectos que generen empleo o tecnología”, señaló el investigador.
Fundar plantea que el gobierno establezca candados firmes para evitar la reincidencia. Entre ellos, impedir que quienes se beneficiaron con la amnistía de 2017 vuelvan a acceder al programa, publicar la lista de beneficiarios y aplicar una fiscalización exhaustiva a las empresas y personas físicas que decidan regularizar sus capitales.
“El SAT debería identificar a quienes se acojan a este esquema y revisar de manera intensiva todas sus operaciones. Lo mínimo es garantizar que no puedan beneficiarse en futuras amnistías”, añadió.
Una medida incómoda para la narrativa de la 4T
La política de repatriación que se propone para 2026 choca con el discurso de justicia fiscal que el actual gobierno ha impulsado desde su inicio. La medida busca obtener liquidez y promover inversión, pero también reabre el debate sobre la equidad y la credibilidad del sistema tributario.
“Con este tipo de medidas, el sistema fiscal mexicano manda el mensaje de que hay reglas distintas para quienes más tienen. El ciudadano común cumple con tasas de hasta 35%, mientras que los grandes capitales obtienen descuentos especiales”, señaló en un comunicado Luis Alberto Romero, director de Rofa Legal & Tax.
Benumea también recordó que, tras el decreto de Peña Nieto, no hubo un informe público de resultados ni evidencia de que los recursos repatriados hubieran generado empleos o inversión nueva. Fundar calcula que la pérdida fiscal de 2017 superó los 63,000 millones de pesos.
Para organizaciones como Fundar, la clave no está solo en el monto de los ingresos adicionales, sino en la forma en que se obtienen y en los incentivos que el Estado decide premiar.
Desde el sector bursátil
Laura Martínez Martínez, presidenta del Subcomité Fiscal de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, reconoció el esfuerzo del gobierno por incentivar el retorno de capitales lícitos, aunque advirtió que la iniciativa ya no permite canalizar esos recursos a través de instituciones financieras mexicanas, como en 2017.
Señaló que retomar esa vía fortalecería el programa, daría mayor seguridad y vincularía los fondos repatriados con proyectos productivos y con el Plan México.
