El retroceso golpea los pilares de la economía local. En alojamiento temporal y servicios de alimentos y bebidas, la inversión se redujo a 5.6 millones de dólares, comparado con los 64.7 millones de 2024.
Las manufacturas sumaron 9.7 millones, por debajo de los 62.5 millones previos. El comercio al por mayor pasó de 14.3 millones a 3.6 millones.
Estados Unidos, principal socio histórico, aportó 17.6 millones de dólares durante el primer semestre. En el mismo periodo de 2024 fueron casi siete veces más: 129.1 millones.
Empresarios de ese país señalan que la inseguridad sigue como uno de los mayores obstáculos para invertir en México, de acuerdo con el clima de inversión publicado recientemente por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Sinaloa figura entre los seis estados que Estados Unidos mantiene bajo alerta máxima de no viaje. La advertencia se apoya en un entorno violento que se intensifica con la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos por el control territorial.
El discurso oficial narra otra historia. El gobernador Rubén Rocha Moya afirma que la confianza empresarial persiste. Resalta que a la mitad de su administración el estado acumuló 1,637 millones de dólares, equivalentes a 81.8% de la meta del Plan Estatal de Desarrollo.
Con base en ese avance, el gobierno elevó el objetivo a 3,000 millones de dólares. Rocha asegura que los inversionistas conocen el terreno y menciona a Mazatlán como ejemplo de un destino turístico con seguridad y alta afluencia de cruceros.
El impacto de la violencia
La violencia contradice ese mensaje. El diagnóistico del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, un organismo ciudadano, indica que entre septiembre de 2024 y junio de 2025, Sinaloa registró 2,015 privaciones de la libertad, 1,538 homicidios dolosos, 37 feminicidios, 5,811 robos de vehículos y 2,304 robos a comercios.
También se documentaron 40 asesinatos de menores, más de 100 inmuebles vandalizados y numerosos cierres de negocios.
El robo a comercios revela con nitidez el deterioro. Durante el primer semestre de 2025 se presentaron 1,409 denuncias, 62% más que en el mismo lapso de 2024. La tasa anual pasó de 56.12 a 85.63 denuncias por cada 100,000 habitantes.
Culiacán concentró el 82% de los casos con 1,159 denuncias. Mazatlán ocupó el segundo lugar con 121 y Ahome el tercero con 97. Navolato, Guasave, Elota, Salvador Alvarado y Concordia completaron el mapa de focos rojos.
La Coparmex indica que la extorsión mantiene una tendencia ascendente. En junio de 2025 se registraron 56 víctimas, un aumento de 9.8% respecto al año anterior. El número mensual subió de 3 a 12, lo que representa un alza de 300%.
Las pequeñas y medianas empresas sufren con mayor intensidad. Carecen de mecanismos eficaces de protección y quedan expuestas a redes criminales que aprovechan su vulnerabilidad.
El robo de vehículos muestra la magnitud del deterioro. En el primer semestre de 2025 se abrieron 8,847 carpetas de investigación, 156.2% más que en 2024. Solo en mayo se contaron 640 casos, una cifra no registrada desde 2017. Este delito impacta a particulares y también a empresas que dependen del transporte para sus operaciones logísticas.
La Coparmex en Sinaloa advierte sobre daños profundos. Calcula 7,000 empleadores menos y 36,000 empleos perdidos. Más de 2,000 negocios cerraron definitivamente. Las condiciones de inversión cayeron. Nadie sabe cuándo llegarán señales de recuperación, señaló la organización, que reclama acciones firmes y mayor empatía del gobierno estatal.
En medio de esta tensión, autoridades y empresarios sostienen encuentros constantes. El 10 de septiembre de 2025, el gabinete federal de seguridad encabezado por Omar García Harfuch acudió a la Base Aérea Militar No. 10 en Culiacán. Representantes empresariales expusieron inquietudes y escucharon reportes oficiales.
El gobernador Rocha informó que durante la reunión se reiteró el compromiso de combatir a la delincuencia. Se mencionaron detenciones de objetivos prioritarios y se invitó a los empresarios a participar en estrategias de seguridad.
Pero la distancia entre el discurso político y la vida diaria se percibe en cada cifra. La violencia eleva costos de operación, erosiona la confianza y frena decisiones de inversión.