Los estados lidian con recursos estancados para seguridad, al menos desde 2010, refieren cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Después de un crecimiento anual real de 9.5% en 2009, los recursos que la federación traslada a los estados, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) cayeron 4% en 2010, y desde ese año han reportado descensos. En 2023 reportaron un incremento de 4.2%, el cual es el más alto registrado desde 2010.
En 2024 apenas crecieron 0.1% real anual, y de enero-septiembre de este año, reportaron un crecimiento real, frente al mismo periodo del año pasado, de 0.0%.
El estancamiento se da en medio de una crisis de seguridad a nivel nacional, en la que el primero de noviembre destacó el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. Una de las 10 entidades con mayor incremento en la incidencia delictiva de 2010 a 2024, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Inegi. Y con descensos en la proporción respecto al total de los recursos del FASP de enero-septiembre de 2010 al mismo lapso de 2025, al pasar de 3.6% a 2.9%.
Para erradicar la problemática, el gobierno federal, anunció el domingo pasado el Plan Michoacán por la Paz y Justicia, con una inversión de 57,000 millones de pesos. Además, la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional destinarán 10,506 elementos para la vigilancia de Michoacán y las entidades con las que tiene fronteras: se trata de 4,386 efectivos que están desplegados actualmente.
Los recursos del FASP están etiquetados, se destinan exclusivamente para la profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad pública; percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías ministeriales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados; equipamiento de los policías ministeriales; los de vigilancia y custodia de centros penitenciarios, y de los centros de reinserción social, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).
También para el establecimiento y operación de bases de datos criminalísticos y de personal; y la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios, centros de reinserción social, e instalaciones de los cuerpos de seguridad pública.
Entre los motivos detrás del descenso destacan que no existe una fórmula para calcular los recursos de este Fondo, una política gubernamental rebasada por el gasto social, además de priorizar recursos para obras de infraestructura icónicas, como el Tren Maya o el Istmo de Tehuantepec, que fueron trasladados a las Fuerzas Armadas, destaca el análisis de México Evalúa, “Estado de derecho 2026: en números rojos”.
“A pesar de que la política de seguridad ocupa un lugar prioritario dentro de la agenda discursiva del gobierno, a nivel financiero la consolidación de un país seguro, la procuración de justicia y la gobernabilidad civil han dejado de ser prioridades explícitas, desplazadas por compromisos de gasto social y financiero de alta inercia”, destaca el documento.
El FASP es uno de los ocho fondos que componen el Ramo 33 de Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, la mayoría de estos fondos se incrementan de manera automática, según aumenta la Recaudación Federal Participable (RFP), la cual es la bolsa de ingresos tributarios y petroleros para repartir entre estados y municipios.
Pero esto no sucede con los recursos del FASP, pues el artículo 44 de la LCF, no especifica un método de cálculo o una tasa de crecimiento mínima. Por tanto, su monto depende cada año de la decisión política y presupuestal del Congreso de la Unión y la SHCP, detalla México Evalúa.
Para 2026, el FASP contará con 9,951 millones de pesos, apenas 1% (52 millones) más que lo aprobado en 2025, pero 29% (4,000 millones) menos del máximo alcanzado en 2014, todo en términos reales.
El descenso en los recursos trasladados al FASP coincide con una mayor incidencia delictiva en los estados. De 2010 a 2024, la tasa de incidencia delictiva de ocurrencia por cada 100,000 habitantes pasó en total de 30,535 a 34,918 delitos, refiere la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Los 10 estados con los mayores incrementos en la incidencia, en ese mismo lapso, son: Querétaro, Puebla, Estado de México, Colima, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Michoacán de Ocampo, San Luis Potosí y Chiapas. Las 10 con los mayores descensos son: Aguascalientes, Chihuahua, Sonora, Nayarit, Coahuila, Guerrero, Baja California, Yucatán, Sinaloa y Nuevo León.
Adicionalmente, la percepción de inseguridad en los municipios de México pasó de 60.3% en 2011, a 64.7% en 2025.
Con información de Shelma Navarrete.
