La alta rotación laboral aleja a siete de cada 10 trabajadores de comprar una vivienda

El dato explica por qué para muchos mexicanos una casa propia sigue siendo una meta lejana. "Uno piensa que el empleo formal es muy estable. Lo que pasa en la práctica es que la gente entra y sale de la formalidad de manera intermitente", explica Gonzalo Hernández Licona, director del Observatorio Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). "Eso afecta las pensiones y afecta la capacidad de compra de vivienda", añade.

La razón es que cada trabajador formal acumula recursos en su subcuenta de vivienda gracias a las aportaciones que realiza su patrón. Si deja de cotizar porque pierde el empleo o pasa a la informalidad, ese ahorro deja de crecer. Lo mismo ocurre con las semanas de cotización que más adelante determinarán tanto su pensión como la facilidad para obtener un crédito hipotecario.

'Ni para el enganche', el bajo ahorro en la edad más productiva

Los datos del propio Infonavit señalan que entre los trabajadores de 30 a 34 años que permanecen activos en la formalidad, el saldo promedio de la subcuenta de vivienda asciende a 50,260 pesos y acumulan 391 semanas de cotización. Mientras quienes dejaron de cotizar apenas registran 14,600 pesos y 153 semanas.

De acuerdo con Banorte, el valor promedio nacional de una vivienda es de 31,911 pesos por metro cuadrado, por lo que un departamento de 60 metros cuadrados costaría alrededor de 1.9 millones de pesos; en la Ciudad de México, donde el precio llegó a 58,257 pesos por metro cuadrado, la misma superficie rondaría los 3.5 millones.

Bajo el supuesto de un enganche de 10%, se necesitarían aproximadamente 191,000 pesos a nivel nacional y casi 350,000 pesos en la capital, montos muy superiores a los ahorros acumulados tanto por los trabajadores activos como por quienes dejaron de cotizar. En el primer caso, los 50,260 pesos cubrirían apenas una cuarta parte del enganche nacional y cerca de 14% del requerido en la Ciudad de México.

El Reporte Anual de Vivienda 2025 señala que en siete de cada diez ciudades las viviendas nuevas más económicas, de hasta 60 metros cuadrados, costaron menos de 650,000 pesos, aunque en mercados como Tijuana y Playa del Carmen superaron los 800,000. Frente a una vivienda de 600,000 pesos, los 50,260 pesos acumulados por un trabajador activo representarían apenas 8.4% del precio, mientras que los 14,600 pesos de quien salió de la formalidad cubrirían sólo 2.4%. El propio instituto estima que los trabajadores de uno a dos salarios mínimos necesitarían reunir, entre su subcuenta y el crédito hipotecario, alrededor de 619,600 pesos para alcanzar una vivienda de ese segmento.

La intermitencia no afecta a todos por igual

El estudio muestra que los trabajadores con menores ingresos son quienes pasan más tiempo fuera de la formalidad. Una tercera parte de quienes se ubican por debajo del quinto decil salarial cotizó durante menos de la mitad de su trayectoria laboral, mientras que dos terceras partes de los trabajadores con mayores ingresos permanecieron en la formalidad durante más de 80% de su vida laboral.

Para Hernández Licona, este fenómeno ayuda a explicar uno de los mayores problemas estructurales del país, la baja movilidad social. "Hay gente que entra en la formalidad y sale constantemente, pero también hay millones que nunca logran entrar. Para ese grupo, tener acceso a una vivienda del Infonavit es prácticamente imposible", señala.

El CEEY ha documentado desde hace años que siete de cada diez mexicanos que nacen en hogares pobres permanecen en esa condición cuando llegan a la edad adulta. Una de las razones es precisamente que nunca consiguen un empleo formal o, cuando lo obtienen, no logran conservarlo durante el tiempo suficiente para aprovechar prestaciones como el ahorro para vivienda.

El problema aparece incluso cuando las nuevas generaciones logran estudiar más que sus padres. La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025 muestra que la mayoría de los mexicanos considera haber superado a su familia de origen en educación y nivel socioeconómico. Sin embargo, únicamente 37.3% cree haber alcanzado un patrimonio superior al de sus padres, el porcentaje más bajo entre los tres indicadores de movilidad social.

Para Hernández Licona, resolver el problema exige actuar desde mucho antes de que una persona solicite un crédito hipotecario. Por un lado, afirma, México no ha logrado romper las desventajas con las que nacen millones de personas en pobreza, quienes enfrentan escuelas de menor calidad, peores servicios de salud y menos oportunidades para acceder a un empleo formal.

Por otro, la economía tampoco genera suficientes puestos de trabajo de calidad para absorber a quienes cada año se incorporan al mercado laboral. De hecho, entre 1998 y 2025 se incorporaron, en promedio, 1.7 millones de nuevos trabajadores al año, pero el mercado formal solo creció en alrededor de 470,000 empleos anuales.

Además, la empresa en la que se consigue empleo puede definir buena parte de la trayectoria laboral. Las compañías grandes, maduras y ubicadas en mercados urbanos tienden a pagar mejores salarios y a retener más tiempo a sus trabajadores; las unidades pequeñas muestran mayor fragilidad y rotación. Adicionalmente, 87.6% del empleo formal está dentro de alguna de las 92 metrópolis y la mitad se concentra en solo ocho ciudades.

Por ello, el especialista del CEEY explica que una política pública que busque resolver esta problemática debe tomar en cuenta que existen diferencias de oportunidades regionales. Pues no son las mismas para un infante nacido en Chiapas, indígena y que cursa la educación básica en una escuela rural llena de carencias, que las de un infante nacido en la Ciudad de México, con escuelas públicas de mayor calidad y un mercado laboral más competitivo y con mayor formalidad.