La discusión tiene como antecedente una iniciativa presentada por Mejía en noviembre de 2025, que propuso reducir de 72 a 36 meses diversos plazos relacionados con la permanencia de información en los historiales crediticios. Durante el trabajo legislativo se han incorporado o discutido medidas adicionales, entre ellas acelerar la actualización de las deudas pagadas y establecer sanciones cuando los acreedores incumplan con esa obligación.
De acuerdo con el legislador, pretende combatir lo que ha denominado una "muerte civil financiera", es decir, personas que, después de enfrentar un incumplimiento, encuentran dificultades para reincorporarse al crédito formal.
Las modificaciones forman parte de una discusión que lleva meses en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Este miércoles 2 de septiembre, legisladores retomaron las propuestas para modificar las reglas de las sociedades de información crediticia y acordaron iniciar trabajos técnicos entre los grupos parlamentarios para buscar los consensos necesarios para llevar un dictamen a votación.
Ricardo Mejía Berdeja, diputado del Partido del Trabajo (PT), quien presentó desde noviembre de 2025 una iniciativa para reducir de 72 a 36 meses diversos plazos de conservación de información crediticia, pidió acelerar la dictaminación antes de que la discusión del paquete económico concentre la agenda de la comisión.
Una de las modificaciones planteadas obligaría a instituciones financieras, tiendas departamentales y otros comercios a reportar oportunamente cuando una persona liquide su deuda, con el objetivo de evitar que un historial permanezca desactualizado por retrasos atribuibles al acreedor.
La iniciativa también contempla sanciones en caso de incumplimiento y plantea fortalecer los mecanismos mediante los cuales los usuarios pueden exigir la corrección de la información.
Buscan acabar con la "cadena perpetua financiera"
Otro de los puntos centrales es la venta de cartera vencida, cuando una institución vende o transfiere una deuda a otra empresa o despacho de cobranza, la reforma busca garantizar que se conserve como referencia la fecha original del incumplimiento.
El objetivo es impedir que una transferencia, reestructura o venta de cartera pueda interpretarse como el nacimiento de un nuevo financiamiento y, con ello, reiniciar el periodo durante el cual permanece registrada determinada información negativa.
La legislación vigente ya establece reglas para la eliminación de información y considera el primer incumplimiento ininterrumpido para determinados plazos. Por ello, uno de los alcances de la reforma sería reforzar esta protección frente a transferencias posteriores de la cartera.
El planteamiento busca evitar lo que sus promotores califican como una "cadena perpetua financiera", en la que una misma deuda pueda continuar afectando durante años la posibilidad de una persona de obtener nuevo financiamiento.
No todas las deudas recibirían el mismo tratamiento
La iniciativa también plantea establecer tratamientos diferenciados dependiendo del tamaño de la deuda. Actualmente ya existen reglas que consideran el monto de determinados adeudos para establecer cuándo debe eliminarse la información de los historiales. La propuesta busca profundizar esta diferenciación mediante modelos escalonados.
Bajo esta lógica, un incumplimiento por una cantidad pequeña no debería tener las mismas consecuencias ni permanecer durante el mismo periodo que una deuda considerable, señala la iniciativa. El cambio podría resultar relevante para consumidores que arrastran registros por montos relativamente pequeños provenientes, por ejemplo, de créditos de consumo, servicios o financiamientos comerciales.
