De acuerdo con cifras del Banco de México, de octubre de 2019 a julio de 2026, se han realizado 21.5 millones de operaciones con CoDi. En el caso de DiMo, no existen datos actualizados disponibles por parte del banco central.
La iniciativa enviada al Congreso incorpora además a la CURP Digital como mecanismo de confianza para la contratación digital de servicios financieros y contempla nuevas atribuciones para Banco de México y la CNBV relacionadas con la infraestructura de aceptación de pagos.
Ven especialistas riesgos de lavado
Un análisis de la firma Asimetrics Abogados, advierte que el proyecto interfiere materialmente con la actual ley antilavado, al facultar a la Secretaría de Hacienda para prohibir el uso de efectivo en sectores económicos completos, ignorando los umbrales de materialidad y riesgo tradicionales.
Aunque la eliminación del papel moneda aumenta exponencialmente, la trazabilidad y la capacidad de observación del Estado, no erradica el lavado de dinero; simplemente desplaza el riesgo hacia los canales digitales de bancos y plataformas tecnológicas.
“La iniciativa no elimina el riesgo de lavado; puede transformar su forma de materialización y trasladarlo hacia canales digitales con mayor capacidad de detección, pero también con mayor sofisticación criminal”.
Análisis de Asimetrics Abogados.
Esta visión analítica se complementa con las alertas de otros especialistas globales y locales. Los parámetros recientes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) exigen reforzar los controles sobre la identidad digital y la transparencia de las transferencias ante el inminente aumento de los fraudes y la suplantación.
Firmas legales como White & Case y RMR Abogados señalan que la iniciativa carece de un régimen sancionador directo, por lo que la contención efectiva de los riesgos de blanqueo y la exigibilidad de los mandatos digitales dependerán de la regulación secundaria y de la coordinación con las leyes fiscales preexistentes.
A esto se suma el reto estructural de evitar que la digitalización obligatoria en comercios y sectores estratégicos desplace flujos financieros hacia circuitos paralelos al margen del sistema bancario regulado.
Fintech México respalda iniciativa pero pide preservar incentivos a inversión
La asociación FinTech México expresó su respaldo a la Iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos , al coincidir en que el país ya cuenta con una infraestructura tecnológica robusta.
Para el gremio que agrupa a 200 empresas del ecosistema, el verdadero desafío actual ya no es la disponibilidad tecnológica, sino acelerar la adopción diaria de estas herramientas por parte de usuarios, comercios y gobiernos.
El sector calificó como un acierto la propuesta de elevar a rango de ley las acciones para reducir el uso del dinero en efectivo, destacando especialmente la obligación de los tres órdenes de gobierno de aceptar pagos digitales en trámites públicos.
Pese al apoyo general al proyecto, FinTech México alertó sobre los retos operativos y financieros de exigir la adopción obligatoria de pagos mediante códigos QR en la infraestructura existente de terminales punto de venta. La asociación señaló que la medida debe sujetarse a la neutralidad tecnológica y requiere definir claramente cuáles serán las inversiones y adecuaciones operativas necesarias para cumplir con este mandato.
Por ello, urgió a las autoridades a establecer plazos de implementación graduales que brinden certeza a los participantes, subrayando que
n para que la red de pagos mantenga su capacidad de crecimiento de forma plural y competitiva.
