El envejecimiento de la población mexicana ya comienza a reflejarse en más hogares que reciben una pensión y en una factura creciente para el gobierno. Para 2027, el gasto en pensiones alcanzaría 2.5 billones de pesos, mientras cada vez menos nacimientos anticipan una presión mayor en las próximas décadas.
México todavía es un país relativamente joven, pero está envejeciendo con rapidez. Y ese cambio demográfico comienza a hacerse visible tanto en los hogares como en las cuentas públicas.
La Encuesta Intercensal 2025 del Inegi, publicada esta semana, muestra que entre 2020 y 2025 la edad mediana de los mexicanos pasó de 29 a 32 años, mientras disminuyó el peso de los grupos más jóvenes y aumentó la participación de adultos y adultos mayores en la población.
Al mismo tiempo, entre las personas de 12 años y más que no participan en la actividad económica, la proporción que declaró estar pensionada o jubilada aumentó de 8.2% en 2020 a 10.9% en 2025, de acuerdo con la misma encuesta.
El cambio también puede observarse directamente en los ingresos de las familias. En 2020, 13% de los hogares mexicanos tenía al menos un integrante que recibía dinero de una jubilación o pensión; para 2025, la proporción aumentó a 16.6%. En otras palabras, aproximadamente uno de cada seis hogares del país ya recibe ingresos pensionarios.
Además, la mitad de los hogares mexicanos —50.1%— recibió en 2025 algún ingreso distinto al proveniente del trabajo, frente a 38.5% cinco años antes. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por programas gubernamentales, cuya presencia aumentó de 25% a 41.4% de los hogares, pero también por jubilaciones y pensiones.
La transformación demográfica ocurre mientras el gobierno destina una cantidad cada vez mayor de recursos a pagar pensiones. Para 2027, el Proyecto de Presupuesto de Egresos contempla recursos que el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) calcula en 2.5 billones de pesos, equivalentes a 6.3% del PIB, considerando tanto pensiones contributivas como no contributivas.
Sólo las pensiones contributivas aumentarían 4.7% en términos reales respecto de 2026, principalmente por mayores erogaciones del IMSS y del ISSSTE. Aunque, en medio de presiones fiscales, las Pensiones para el Bienestar tendrían un incremento real de apenas 0.1%.
El tamaño de la factura puede dimensionarse frente al resto del presupuesto, las pensiones y costo financiero de la deuda absorberían juntos alrededor de 3.9 billones de pesos durante 2027, más de tres veces el monto destinado a inversión pública.
El CIEP también calcula que aproximadamente 80% del presupuesto federal ya corresponde a gasto obligatorio, lo que dejaría un espacio fiscal equivalente a apenas 1.6% del PIB para atender nuevas prioridades.
El reto no implica que el sistema vaya a quedarse repentinamente sin recursos para pagar pensiones, sino que una proporción creciente del presupuesto deberá destinarse a financiarlas, reduciendo el margen disponible para inversión, salud, educación, infraestructura y otros servicios.
El otro lado del problema está en la base de la pirámide poblacional. México no sólo tiene más adultos mayores, también están naciendo muchos menos niños. La Tasa Global de Fecundidad cayó de 1.9 hijos por mujer en 2019 a apenas 1.2 en 2024, muy por debajo del nivel cercano a 2.1 hijos necesario para mantener estable una población en ausencia de migración.
La caída es especialmente pronunciada en algunas entidades: en Ciudad de México la tasa llegó a 0.8 hijos por mujer, mientras Baja California registró 1.0 y Querétaro 1.1. Incluso Chiapas, que presentó la fecundidad más alta del país, llegó apenas a 1.8.
Al mismo tiempo, el crecimiento poblacional se desacelera. México alcanzó 130.9 millones de habitantes en octubre de 2025, pero la población residente en viviendas particulares creció apenas 0.7% promedio anual entre 2020 y 2025, por debajo del 1% observado entre 2015 y 2020. Esto podría implicar que, con el paso de los años, habrá proporcionalmente más personas en edades de jubilación y menos jóvenes incorporándose a la población laboral.
Más allá del gasto público, el Sistema de Ahorro para el Retiro continúa creciendo. A agosto de 2026 había 78.5 millones de cuentas administradas dentro del SAR, de las cuales cerca de 70.5 millones estaban administradas por las Afores, de acuerdo con la Consar.
Esto no equivale al número de personas que eventualmente recibirán una pensión —una persona puede aparecer en registros con distintas condiciones y no todas las cuentas están activas—, pero da una idea de la escala que tendrá que administrar el sistema durante las próximas décadas.
El problema, por tanto, no es necesariamente una falta inmediata de dinero en las Afores, sino una combinación con más personas llegando a la jubilación, menor crecimiento de la población joven, carreras laborales marcadas por informalidad y una carga presupuestaria que seguirá aumentando conforme envejezca el país.
