La ampliación del financiamiento ocurre en momentos en que el sector público también está intentando llevar nueva oferta habitacional hacia los mercados laborales que más están creciendo.
Cancún y Querétaro muestran el tamaño del problema
El Programa de Vivienda para el Bienestar contrató hasta agosto de 2026 casi 533,000 viviendas en 223 municipios de 31 entidades, con una estrategia que busca atender especialmente los mercados donde el crecimiento económico y la llegada de trabajadores están generando presión sobre la vivienda.
En Cancún, por ejemplo, se han contratado alrededor de 35,000 viviendas, una cifra que equivale a multiplicar aproximadamente 35 veces la oferta de vivienda para familias de bajos ingresos registrada en ese mercado durante 2025.
Mérida tiene 34,500 viviendas contratadas; Reynosa, 14,600; Mexicali, 12,900, y Querétaro, alrededor de 12,100. El Infonavit identifica a varias de estas ciudades como polos de crecimiento donde la creación de empleos ha atraído población con nuevas necesidades habitacionales.
El contraste de Querétaro es especialmente marcado, durante 2025 se registraron 3,478 viviendas nuevas para el mercado abierto, pero únicamente 133 pertenecían al segmento económico-popular. Frente a ello, el Programa de Vivienda para el Bienestar contempla más de 12,000 unidades en esa metrópoli.
En Cancún, por otro lado, el mercado produjo 5,465 viviendas en 2025, de las cuales solo 935 correspondieron al segmento económico-popular, frente a las más de 35,000 contratadas por el programa federal.
El turismo también presiona el precio de las casas
La dificultad para encontrar vivienda accesible no se limita a los centros industriales.
Los destinos turísticos presentan algunos de los mayores problemas de asequibilidad del país. El reporte del Infonavit identifica a Acapulco, Playa del Carmen, Oaxaca, Cuernavaca, Mazatlán y Cancún entre las ciudades donde el precio de una vivienda resulta más elevado frente al salario promedio local.
De acuerdo con el Infonavit, en estos mercados coinciden la demanda de viviendas vacacionales, una oferta limitada de suelo y restricciones geográficas o regulatorias que dificultan expandir las zonas de mayor atractivo.