El funcionario fue cuestionado sobre el temor de pequeños comercios a tener que adquirir equipos para recibir pagos electrónicos, así como por las inquietudes sobre una disminución en el uso de efectivo.
Ebrard defendió que la estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum busca favorecer a esos establecimientos, al permitirles atender a consumidores que utilizan tarjetas y otros medios digitales. Argumentó que el comercio digital creció rápidamente a partir de la pandemia de covid-19 y que los negocios más pequeños deben participar en esa transformación.
¿Quién pagará las terminales para los pequeños negocios?
El secretario rechazó que la digitalización de los cobros perjudique a los comerciantes y sostuvo que la banca debe facilitarles el acceso a las terminales. “No creo que eso haga ningún daño, al contrario. A ver, una terminal, los bancos te la tienen que dar, así vendas gorditas o tortas o lo que sea”, expresó.
Sin embargo, durante su respuesta no precisó bajo qué condiciones se podrían entregar esos equipos ni quién asumiría los costos de contratación, conectividad o las comisiones asociadas al cobro con tarjeta. El argumento de Ebrard se concentró en el riesgo comercial de mantener únicamente los cobros en efectivo: desde su perspectiva, aceptar otros medios de pago permite que los establecimientos conserven oportunidades de venta.
Ebrard afirmó que durante el último año se digitalizó a un millón de pequeños negocios, entre ellos vendedores de dulces, alimentos y artesanías que anteriormente no podían recibir pagos con tarjeta.
“Entonces llevamos un millón y este año tenemos el objetivo de otro millón de muy pequeños establecimientos”, señaló. Su mensaje fue que el tamaño del establecimiento no debe convertirse en una barrera para incorporarse a los pagos digitales.
¿Qué plantea la Ley de Economía Digital?
Las declaraciones ocurren después de que el Congreso aprobó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El Senado avaló el decreto el 20 de octubre y lo turnó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa.
La legislación busca ampliar la adopción de pagos electrónicos y digitales, facilitar la contratación remota de servicios financieros y establecer que las autoridades de los tres órdenes de gobierno acepten estos medios para trámites y servicios. También contempla la CURP Digital como mecanismo de identificación para contratar servicios financieros a distancia.
Uno de los puntos centrales es la facultad de la Secretaría de Hacienda para determinar los sectores estratégicos y actividades en los que los pagos digitales podrán convertirse en la única forma de pago, mediante condiciones y periodos de transición específicos. El decreto no plantea una eliminación inmediata y generalizada del efectivo.
Como parte de esta política, el gobierno ha planteado aprovechar la infraestructura de SPEI y CoDi. En septiembre, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones explicó que CoDi permite cobrar desde el celular, sin comisiones y con recepción inmediata del dinero, una alternativa distinta al cobro con tarjeta mediante una terminal.