La renta de vehículos al gobierno federal se concentra en un puñado de empresas

Sobreprecio, adjudicación directa sin testigos y violación a la Ley de Adquisiciones: esto es lo habitual en los contratos de arrendamiento vehicular en algunas entidades del gobierno federal, un mercado que supera los 15,000 millones de pesos (mdp) durante la actual administración federal.

Según consta en documentos oficiales, sólo cuatro de 26 empresas han obtenido 90% de los contratos de arrendamiento vehicular de entidades del gobierno federal desde 2013. Compañías como Casanova Rent han obtenido contratos que superan los 7,546 millones de pesos (mdp); Jet Van Car Rental logró otros por más de 4,630 mdp; Integra Arrenda alcanzó los 1,798 mdp; y Arrendomóvil captó contratos por 1,024 mdp, principalmente con empresas del Estado como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex.

“Desde abril de 2015, el PAN presentó una denuncia ante la PGR en contra de la Comisión Federal de Electricidad por un contrato otorgado a Casanova Rent, pero no se hizo nada, no se inició la investigación”, señaló la senadora Marcela Torres, del Partido Acción Nacional (PAN).

La denuncia fue por la adjudicación directa con la clave SA-018TOQ003-N195-2014, que fue otorgada a Casanova Vallejo, Integra Arrenda, Arrendomóvil de México y Ferbel Norte por la CFE, a través de un contrato por 4,424 mdp para la renta de vehículos. Casanova recibió más del 80% del valor de ese contrato para el arrendamiento de más de 6,000 vehículos. Expansión contactó a Casanova, pero no tuvo respuesta.

“Lo anterior representa una violación a la Ley de Adquisiciones, toda vez que cuando una compra del gobierno excede 350 millones de pesos, es una obligación tener la figura del testigo social, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, según consta en la denuncia del PAN.

El hecho destaca porque, en ese tiempo, instituciones como el IMSS y el SAT también realizaron procedimientos similares vía adjudicación directa, pero con un testigo social.

De acuerdo con un análisis en 25 dependencias del gobierno federal, realizado por la organización civil Transparencia Mexicana, 25% del total de las compras públicas se adjudicaron de forma directa, mientras que 20% se hizo por invitación a cuando menos tres personas y 55 % a través de licitación pública. Esto es, 11 de cada 20 pesos gastados en contrataciones en 2013 se licitaron, y 9 de cada 20 pesos se aplicaron por alguna de las otras dos formas, dijo Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana.

En el caso de la renta de vehículos para funcionarios de gobierno, el 80% del total de los contratos se realizò a través de adjudicación directa de 2013 a 2015, según consta en el sitio de compras del gobierno Compranet.

La figura de arrendamiento vehicular en dependencias de gobierno surgió en 2011, luego de que la Secretaría de Hacienda restringiera la compra de unidades en 210 dependencias del gobierno federal, con la idea de tener ahorros en el gasto público. Para ello, instrumentó un Contrato Marco en el cual se aceptaron a 26 empresas arrendadoras.

En 2013, durante el acto de presentación de la estrategia de contratación pública, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ordenó la firma de un Contrato Marco para el arrendamiento vehicular por 12,000 mdp en forma multianual, para facilitar el transporte de las dependencias. A partir de esa fecha, se intensificó la adjudicación directa en contratos de arrendamiento a las cuatro empresas antes citadas.

Aunque no hay cifras oficiales, Expansión calcula que el gobierno federal y órganos descentralizados solicitan en arrendamiento más de 250,000 vehículos al año.

Casanova Rent, el ganador

En la mayor parte de los contratos otorgados aparece la empresa Casanova Rent. De acuerdo con Compranet, esta compañía disemina los contratos a través de cuatro razones sociales diferentes: Casanova Rent Chapultepec, Casanova Rent, Casanova Rent Volks y Casanova Rent Vallejo.

De 2013 a 2016, Casanova ha obtenido contratos por más de 7,546 millones de pesos, de los cuales 75% los consiguió a través de la adjudicación directa.

Destaca el convenio del cual hizo denuncia el PAN, y que le fue otorgado por la CFE a Casanova Vallejo, al recibir la adjudicación directa por 3,377 mdp, según consta en el contrato 599314. Este convenio fue realizado sin un testigo social. En el mismo expediente, pero con el contrato 599316, la empresa Integra Arrenda obtuvo 762.8 mdp. También figuran el contrato 599313, asignado a Arrendomovil por 37.8 mdp, y uno más registrado en el convenio 599315 a Febel Norte por 10.2 mdp.

La actual administración federal tiene una cierta preferencia por adjudicar de manera directa, dijo en marzo de 2015 el entonces senador David Monreal, del PRD, en la tribuna legislativa. Monreal, ahora candidato a la gubernatura de Zacatecas, denunció opacidad en las adjudicaciones y alertó sobre conflicto de interés, tráfico de influencia, corrupción y, sobre todo, despilfarro del dinero público en los contratos de arrendamiento vehicular.

Monreal propuso que el Ejecutivo Federal rinda ante el legislativo un informe para que esclarezca, en cuestión técnica y de competencia, los contratos realizados principalmente con la compañía Casanova Rent.

A más de un año de la denuncia, no hay ninguna investigación.

El caso de Casanova Rent es particular, pues según consta en la base de datos obtenida por Expansión, hubo cobros indebidos a dependencias como la CFE por vehículos entregados fuera de tiempo, pero con facturas de cobro por los plazos completos.

Por ejemplo, en el caso del registro económico 20000092, Casanova Rent tenía que entregar una partida de autos sedán para funcionarios de la CFE en Villahermosa, Tabasco. Sin embargo, los vehículos fueron entregados en las oficinas de Cacautepec, Oaxaca. “La confusión generó un problema en la entrega. Los autos estuvieron parados por más de tres días afuera de la dependencia. Sin embargo, se pagó a Casanova Rent como si se hubiera entregado en tiempo y forma”, reveló una ex empleada de la arrendadora que, por temor a su seguridad, pidió el anonimato.

La base de datos proporcionada a Expansión con información de 2014 refiere que, en total, Casanova Rent facturó 8,720 unidades con entrega fuera de los tiempos establecidos. Esto sumó más de 8 mdp para la empresa de lo que hubiera cobrado si le hubieran aplicado la penalización por los retrasos.

La CFE informó sobre una visita de funcionarios de la Auditoria Superior de la Federación a Edgar Flores, gerente de Casanova Rent, pues la arrendadora no había sido penalizada por no entregar a tiempo en el principal contrato que involucró 2,000 vehículos. “El gerente ordenó al personal de Casanova Rent alterar y desechar documentos”, dijo la ex empleada.

Esta fuente afirmó que la empresa modificó acuses de entrega que guardó en carpetas para ser presentados como originales (Expansión tuvo acceso a esos documentos modificados). También modificó la base de datos en el portal de transportes terrestres que tiene la CFE para que coincidiera con las carpetas de facturación y acuses. Los cambios en ese portal únicamente puede ser realizados por la subgerencia de transportes terrestres, reveló la fuente.

Expansión buscó a los hermanos Carlos y Joaquín Echenique, dueños de Casanova Rent, sin que al cierre de la edición respondieran a la petición de entrevista.

Pemex y Presidencia, también...

En la comparecencia que tuvo ante diputados en marzo pasado, José Antonio González Anaya, nuevo director general en Pemex, fue cuestionado por los contratos de arrendamiento vehicular que se firmaron en la administraciòn de su antecesor Emilio Lozoya y que comprometen a la dependencia al pago de más de 4,800 mdp por la renta de 2,252 camionetas.

“Hay un sobreprecio del 60% en comparación a vehículos similares arrendados por el IMSS”, señaló a Expansión el diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos, del PAN.

En los contratos, en poder de Expansión, se observa el sobreprecio por el arrendamiento de las unidades. Por ejemplo, por la renta de un automóvil sedán de 4 cilindros, Pemex paga 8,450 pesos al mes antes de impuestos, mientras que un contrato similar que concretó el IMSS por el mismo modelo se hizo por 4,899 pesos. Lo mismo sucede con un modelo de camioneta de 6 cilindros para 7 pasajeros: el IMSS la contrató en 11,989 pesos al mes, y Pemex lo hizo a través de un contrato de adjudicación directa con la empresa Integra Arrenda en 17,100 pesos mensuales.

Ante las evidencias, el nuevo director de Pemex canceló el convenio.

“No se trata sólo de cancelar los contratos, sino que se le finque responsabilidad social al servidor público que firmó estos contratos”, puntualizó el diputado Rivera.

La falta de transparencia también se refleja en el contrato 706236 por adjudicación directa que hizo la oficina de la Presidencia de la República a la empresa CA Soluciones Financieras (Casofin), por mas de 49 mdp, para el arrendamiento vehicular con vigencia del 13 de marzo de 2015 al 1 de enero de 2018.

En el documento, obtenido por Expansión a través de Compranet, se observa que se hizo sin Contrato Marco y sólo indica que 16 licitantes expresaron su interés por participar, pero sólo dos enviaron propuesta vía electrónica. Sin embargo, no se indica quiénes fueron los licitantes, ni tampoco cuántos vehículos se incluyeron en la licitación del contrato.

Casofin pertenece a Grupo Continental Automotriz, que encabeza Héctor Mena Abascal y tiene su sede en el Estado de México. Es uno de los principales distribuidores de Chrysler en el país, que además de ser proveedor de una de sus propias empresas, también lo es de Integra Arrenda, que dirige José Alfredo Abascal, ex empleado de Daimler-Chrysler Financial Service, entidad financiera de la entonces dupla automotriz.

“Para Chrysler, el arrendamiento representa 1% de nuestras ventas. Para gobierno destinamos unos 4,000 vehículos al año”, dijo Mauricio Gómez, gerente de Ventas a Flotillas y Arrendamiento en Chrysler México.

Según explicó, cada distribuidora de Chrysler es la que hace los contratos de manera independiente. “Chrysler no hace contratos ni entrega de manera directa a las empresas de arrendamiento”.

Entrampado

LeasePlan, empresa de capital holandés que tiene más de 20,000 vehículos para arrendamiento en México, dice que es complicado entrar al arrendamiento en las licitaciones que abre el gobierno. “Todas las oficinas de gobierno se refieren al Contrato Marco, que incluye requerimientos que no son parte de la solución de costos de operación que ofrecemos”, explicó Gabriela Feijoo, directora de Finanzas de LeasePlan México.

La solución de costos a la que se refiere es llevar un control detallado del uso del vehículo y su mantenimiento, que se complementa con monitoreo en tiempo real de las unidades y servicio de consultoría, que determina el modelo del auto o camioneta ideal para la actividad que realiza el usuario y la dependencia, algo que no ofrecen en su totalidad las cuatro recurrentes arrendadoras ganadoras.

“El principal problema es la serie de candados que se imponen para ganar una licitación”, señaló Gonzalo Perezcano, director general de Eclipse Rent a Car, una de las 26 empresas participantes del Contrato Marco que no ha obtenido ninguna licitación en los tres años de la actual administración.

El directivo explicó que, regularmente, la Secretaría de la Función Pública (SFP) emite entre ocho y 10 licitaciones al mes, pero con restricciones difíciles de cumplir. “Tal parece que están adecuadas para que ganen unas cuantas empresas”, aseguró Omar Sánchez, gerente de Eclipse Rent a Car.

“Es frecuente que salga una licitación, por decir un jueves, y al día siguiente ya no aparece. También piden entregar la documentación al día siguiente y dos días después hacer la entrega de las unidades. Eso es imposible”, añadió.

Los entrevistados coincidieron en que algunas de las licitaciones se presentan con características muy definidas en el año y modelo de los vehículos requeridos, aunque sin especificar la marca. Esos modelos, afirmaron, son los que tiene alguna de las cuatro empresas de arrendamiento que regularmente salen favorecidas para obtener el convenio.

Es el caso de la licitación de la Secretaría de Cultura para el arrendamiento de 176 vehículos, que serán utilizados en dependencias como el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Derechos de Autor, Radio Educación y la Cineteca Nacional. La convocatoria LPN/LA-011H00001-N13-2016 se lanzó el 15 de abril de este año: exigía presentar documentos de manera presencial (regularmente estas propuestas se presentan por medio electrónico) sólo 6 días después, el 21 de abril, y con resolución al día siguiente. La licitación sólo daba 11 días de plazo para entregar las 176 unidades, a partir del 3 de mayo de 2016.

Además, incluyó características obligatorias para las medidas del largo, ancho y peso bruto vehicular de los modelos, e incluso tenía cláusulas que obligaban al licitante a presentar, en la propuesta técnica, un documento original que demostrara que el sistema digital de localización vehicular es de su propiedad. También destacó que, del total de vehículos, 68% deberían ser modelo 2016, 18% modelo 2015 y 17% modelo 2014.

“Si el objetivo es reducir costos, ¿para qué pedir modelos 2014?”, cuestionó Perezcano, de Eclipse Rent a Car. Esta fuente explicó que el proceso es complicado, al tener que entregar los vehículos en los plazos que marcan las licitaciones. Dio ejemplos: una concesionaria no entrega más de 10 vehículos en unos días, le lleva un tiempo hacer la solicitud a la planta. El trámite de emplacamiento también tarda al menos tres días por estado, y contar con una empresa propia de localización es prácticamente imposible, porque el servicio y equipo se contrata con empresas especializadas.

“Lo curioso es que ninguna autoridad interviene en la transparencia en el proceso”, se lamentó.

La Comisión Federal de Competencia (Cofece) no ha intervenido porque no hay ninguna denuncia por parte de los diversos agentes económicos, y tampoco ha detectado ninguna conducta indebida en el mercado. “No se puede prejuzgar a ningún mercado y las condiciones de competencia que prevalezcan sin una denuncia”, fue la respuesta a la petición de Expansión por parte de la dependencia encargada de regular la competencia.

Hay casos de transparencia como el que hizo el IMSS con la OCDE, de donde salió un manual para el procedimiento de contratación de compras públicas, que a tres años de distancia ha consignado ahorros por 20 millones de euros en un año, según reportó el IMCO.

“Con el IMSS se hizo un programa de capacitación con servidores públicos para la profesionalización del personal de compras públicas. Se les orientó sobre la necesidad de hacer estudios de mercado y se hizo un analisis de los diferentes métodos que se utilizan para la contratación”, dijo Jacobo Pastor García, especialista en Políticas de Integridad y Compras Públicas de la OCDE en México.

Agregó que, según los estudios que han realizado, entre mayor es el monto de la contratación pública, es mejor evitar la adjudicación directa en los contratos.

"Es clave que la información de todo proceso de contratación pública se conecte con instrumentos de monitoreo y control, para prevenir que situaciones de conflictos de intereses afecten las condiciones de integridad y competencia de estos procesos", dijo Bohórquez, de Transparencia Mexicana.

En febrero pasado, Virgilio Andrade, titular de la SFP, dio a conocer una propuesta de siete posibles reformas al interior de la dependencia que no requerirían modificaciones legales por parte del Congreso, y las cuales tendrían el objetivo de reforzar las normas anticorrupción en las contrataciones de la administración pública federal.

Entre otras, se proponía impulsar el régimen de contrataciones abiertas mediante la ampliación de Compranet, para incorporar las etapas de planeación y ejecución de los contratos; fortalecer la investigación de mercado; mejorar las reglas sobre contrataciones consolidadas y contratos marco; y reforzar las reglas sobre transparencia en contrataciones restringidas o en adjudicación directa.

También contempla fortalecer la figura de testigo social, las reglas de transparencia en las contrataciones entre entes públicos y la eliminación de lagunas en la regulación del proceso de inconformidad.

En los últimos cinco años, la SFP y la ASF abrieron más de 28,000 expedientes en contra de servidores públicos por desvíos y malos manejos de los recursos públicos, que le han significado un daño al erario público por 63,200 mdp. De ese dinero, solamente se ha recuperado 0.57%, esto es 365 mdp, por 5,933 casos.

“Aún no hemos visto claridad en los procesos”, señaló el diputado Rivera Castillejos, del PAN. “Habrá que empezar con la Secretaría de la Función Pública”.