La mina de Coahuila que el regidor no quiere abandonar

*Este reportaje es la segunda parte de una historia sobre Cloete, un pueblo de Coahuila destruido por la minería.

Lea en este enlace la primera parte

El bullicio de voces, risas y copas impide percibir con claridad las notas de un video que se ve en la pantalla plana de la pared. Es el cantante Julio Iglesias hace algunos ayeres, en una actuación de la misma época en que el padre de Álvaro Jaime Arellano, primer regidor de Sabinas, Coahuila, obtuvo sus primeros títulos de concesión minera en Cloete, un pueblo de ese municipio, por la gracia de un decreto presidencial a finales de los 80.

Esto ocurre en el interior de La Estaca. La pulcritud de los manteles blancos, el olor a carne asada y la elegante decoración en claroscuros de este restaurante de la familia Jaime Arellano desentonan con las casitas de los obreros del carbón que yacen sobre calles polvorientas.

Arellano llega unos minutos tarde a la cita. Sonríe. Se disculpa por la tardanza y pide una taza de café. Confiesa que la entrevista con Expansión lo tiene nervioso.

En una mesa del rincón, repasa su historia. Es francote, como buen norteño. Forma parte del gabinete de Ignacio Lenin Flores, abanderado por el PAN, por el Partido Unidad Democrática de Coahuila, y por el Partido del Trabajo. Además, ha sido titular de dos concesiones mineras: Cloete Centro y Norte.

Cuenta que su papá también trabajaba para el gobierno y se benefició por la política de privatización de los bienes estatales del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. La explotación del carbón ha sido, desde entonces, un negocio para su familia.

En 1998, su padre, Álvaro Jaime Tamayo, le dio los derechos de Cloete Norte a su madre, Gloria Ofilia Arellano. Ella, a su vez, se los pasó a su hermano Tadeo Jaime Arellano, quien le cedió de manera gratuita el título de esta concesión a Arellano en 2011.

Desde hace algunos meses, esta concesión es motivo de controversia, debido a que los habitantes del pueblo denuncian una mina que está a unos 100 metros de unas viviendas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Eso contraviene la norma establecida por el propio cabildo municipal en 1996, y el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) vigente, realizado por la Unión Mexicana de Productores de Carbón en 2004, que compromete al concesionario a no extraer carbón a menos de 350 metros de cualquier casa.

A mediados de mayo de 2016, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la mina. Pocos días después, la Secretaría de Economía también revocó el título de concesión al regidor de Sabinas. “Es la primera vez que se logra una cancelación así, promovida por ciudadanos”, comenta Cristina Auerbach, dirigente de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC).

El 31 de mayo 2016, sin embargo, OFPC denunció en redes sociales que Arellano sigue extrayendo carbón de esta concesión que ya no le pertenece. Lo hace, afirmó la asociación, junto con un empresario llamado Antonio Nerio Rodríguez, ex alcalde de San Juan Sabinas y padre del diputado Antonio Nerio Maltos. “Hoy temprano Antonio Nerio y Álvaro Jaime (Arellano) bajaron la maquinaria al tajo y ya están de nuevo en operación, a pesar de haber sido clausurado por PROFEPA, pero además, la concesión está cancelada. (...) Su actuar es ilegal, abusivo y viola los derechos humanos de las familias de Cloete, y no se los vamos a permitir”, escribió la OFPC, que además exhibió un video donde se ven máquinas trabajando en la mina.

El maestro en Ciencias Penales Jorge Nader Kuri explica que la Ley General de Bienes Nacionales establece como delito no devolver o seguir explotando un bien sujeto al régimen de dominio público, una vez que se ha vencido el permiso, autorización o concesión, cuya sanción es de dos a 12 años de prisión y una multa de 300 a 1,000 veces el salario mínimo.

Lo que se vive en esta villa carbonífera es una intensa lucha que empresarios, pobladores, servidores públicos y policías han vivido durante años, por el carbón que está en el subsuelo del pueblo, pero que se ha intensificado en este 2016. Estos son los acontecimientos.

Infografía: la minería, una industria con grandes irregularidades

Una reunión que cambió la historia

Es la noche del 20 de diciembre de 2015. El frío hace castañear las mandíbulas en la capilla de la colonia Lomas Altas, donde están las casitas del Infonavit y donde tiene lugar una junta vecinal.

Por primera vez, todos los habitantes de Cloete afectados por la minería se reúnen para analizar una situación que les preocupa: un importante empresario les ha ofrecido dinero para que dejen sus viviendas, se vayan de ahí. Así, él puede extraer carbón debajo de las casas y en la mina que está en la concesión del regidor, que había sido suspendida por Protección Civil del municipio semanas atrás.

El empresario es Nerio Rodríguez, ex diputado y dueño de la empresa Integración Minera. Los habitantes afirman que él y Arellano los presionan para que dejen de bloquear la actividad minera en ese tajo a pocos metros de sus casas.

Los intentos de los políticos por escarbar cerca y debajo de las casas de Infonavit no son nuevos. Semanas antes de esta junta vecinal, los dueños de los inmuebles habían enviado un escrito a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) donde denunciaban que, el 4 de septiembre de 2015, Nerio Rodríguez pretendía iniciar un nuevo tajo o mina de carbón a cielo abierto.

La reunión vecinal es para analizar la situación junto con dirigentes de la OFPC y el capellán del templo. No están convencidos de pactar con el ex presidente municipal, porque han visto en otros poblados que, una vez que la gente ha firmado, los empresarios no cumplen los acuerdos y dejan a la gente sin lugar para vivir o les dan casas de menor plusvalía. Al final, la mayoría decide no aceptar la oferta.

Enfrentamientos

Es enero de 2016. El regidor, Arellano, lleva a Expansión a recorrer el pueblo. Reconoce que está en medio de un huracán por las presiones que han ejercido los habitantes de Cloete en los últimos meses. Su camioneta blanca recorre agrestes caminos hasta llegar a la orilla de la concesión Cloete Norte, donde están las casas de Infonavit, en la colonia Lomas Altas.

Ahí, al pie de unos columpios llenos de polvo, se puede ver el fondo de la mina a cielo abierto y las ruinas de un camino destruido por la actividad minera. Arellano dice que él siempre ha pretendido rellenar los agujeros que perforan el pueblo y pagarle a las familias lo justo si sus viviendas resultan dañadas.

También protesta porque los habitantes de las colonias Lomas Altas y Barrio Cocedores se organizan y presionan a las autoridades locales para detener la actividad minera en su tajo.

Fotogalería

El viento pega con fuerza. El regidor confirma que sí busca reactivar las labores en ese terreno. Representa mucho dinero. Y no es el único que tiene interés en hacerlo. “Somos como unos 15 cabrones”. Uno de los socios es Nerio Rodríguez, que fue diputado por el PRI y cuya empresa generó ventas por 444.4 mdp en 2014.

Por los intentos para extraer ese carbón, la situación se puso difícil en febrero de 2016.

De acuerdo con la versión de los pobladores, el director de Protección Civil del municipio, José Pichardo, acudió al pueblo para quitar los sellos de cancelación de la mina. El argumenta fue que el concesionario cumplía con el Manifestación de Impacto Ambiental. Esto provocó la movilización de los vecinos y la presencia de la policía municipal, estatal y federal. Como resultado, la mina quedó clausurada.

En marzo, el mismo funcionario volvió a retirar los sellos, bajo el argumento de que la empresa de Nerio Rodríguez ya contaba con con los permisos necesarios para operar. La mina reabrió los trabajos. En las semanas siguientes, los pobladores hicieron plantones y detuvieron la actividad del tajo. Hubo nuevos enfrentamientos con la policía.

La cancelación de la concesión por parte de la Secretaría de Economía, este mayo, parece poner fin a la tensión en el pueblo. También parece frenar los planes mineros y económicos de Arellano y sus socios, pero las extracciones de carbón llevadas a cabo a principios de junio demuestran lo contrario. Expansión buscó de nuevo al regidor para conocer su versión, pero no obtuvo respuesta.

Minería en terrenos habitacionales

En México, los concesionarios, como Arellano, deben contar con derechos de uso de suelo para extraer carbón. Ése lo otorga la Presidencia Municipal. El mapa municipal, no obstante, muestra que los terrenos de la colonia Lomas Altas y el Barrio Cocedores, donde está la concesión Cloete Norte, tienen un carácter distinto.

Están catalogados como categoría H2, es decir, habitacional “muy baja”. De acuerdo con este documento, no existen predios en estas colonias con categoría I-E: zona industrial extractiva.

Por ello, sería ilegal realizar acciones de minería ahí, a menos que el municipio pueda demostrar lo contrario, explica Jorge Nader Kuri. “Si el municipio, indebidamente, dijo que ahí se podía usar el suelo para eso y no era cierto, pues entonces habría un delito local”. Este académico de la Universidad La Salle insiste en que es indispensable que los ministerios público estatal o federal investiguen a fondo para saber si se cometieron delitos en Cloete. Para ello, es necesario que alguien ponga una denuncia.

Quizá, opina, “lo que pasó es que la autoridad todo el tiempo pensó que sí se podía porque había una concesión. Entonces, el problema es cómo o con qué documentos se logró esa concesión. Posiblemente a quien otorgó la concesión se le hizo creer que se podía utilizar ese suelo, para esos efectos, indebidamente”.

En el expediente de la Secretaría de Economía no hay un solo documento que mencione los derechos de uso de suelo de la concesión.

Según registros oficiales, cinco compañías han explotado carbón en la concesión Cloete Norte en los últimos meses: Servando Guerra, Servicios Mineros JYAM, Mineral Ecológico de Sabinas, Minera Carbonífera Las Cuatas y Minera Carbonífera Los Compadres. Tan sólo tres de esas compañías que extrajeron carbón en la concesión Cloete Norte sumaron un saldo con la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) de 344.3 millones de pesos por la venta de carbón en 2014.

Los otros dos son Servando Guerra Muñoz, cuya empresa Servando Guerra S.A. de C.V. tuvo un saldo por venta de carbón en Prodemi de 152.2 millones de pesos en 2014; y Miguel Ángel Valdez Ramos, un ex obrero del carbón que hoy es dueño de la compañía Minera Carbonífera El Junco.

Arellano se queda con el 10% de las ventas de todo el carbón que sale de sus concesiones, como él mismo dijo a Expansión.

Políticos y empresarios

En esta región, “es frecuente que quienes ocupan puestos de representación política sean empresarios mineros, como el regidor del municipio de Sabinas, Álvaro Jaime (Arellano), o el actual diputado y exalcalde Antonio Nerio Maltos”, señala un reporte sobre la situación en la Región Carbonífera de Coahuila que la OFPC entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 29 de septiembre de 2015.

El mismo Arellano lo reconoce. Excepto el actual alcalde, Lenin Flores, acusa, “todos, todos, todos” los presidentes municipales de Sabinas han estado involucrados en la minería de carbón. “Y reciben regalías”, afirma.

Nerio Maltos es uno de ellos. Fue presidente municipal de San Juan de Sabinas y ahora es diputado del congreso estatal hasta 2017, donde integra la comisión de Energía, Minería e Hidrocarburos. Su papá y su familia siempre han estado en la industria del carbón. Según registros a los que tuvo acceso Expansión, fue proveedor hasta el 31 de diciembre de 2015 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con contratos que superan 1.7 mdp.

También ha sido contratista del estado de Coahuila y tiene un contrato de franquicia con Pemex Refinación hasta 2018. Además, fue director financiero de Integración Minera, la compañía minera de su padre, y actualmente es socio del Grupo Empresas Nerio, un conjunto de empresas en el ramo de la minería, autotransporte, suministro de combustibles y hotelería.

El diputado afirma que su familia cuenta con cinco gasolineras. “Una de ellas está a nombre mío, como persona física, desde 1998”, cuenta por correo electrónico. “Efectivamente hay un contrato con el IMSS para que carguen combustible. El motivo del contrato es que el consumo es a crédito, que solamente nosotros accedimos a brindar ese servicio”.

Al contarle las claves de este tema, Guillermo Ávila, investigador en transparencia y rendición de cuentas del Centro de Análisis e Investigación Fundar, responde a Expansión que “los servidores públicos deben excusarse de participar en asuntos donde puedan tener un interés particular”. Se trata de “un problema legal” con “una dimensión moral”, que se traduce en “incumplimiento de la función pública y de la responsabilidad en la toma de decisiones y la administración de recursos”.

El que daña, paga

Arellano no sólo extrae carbón de Cloete, también participa en las juntas municipales para resolver el conflicto que la actividad genera con los vecinos. En ellas ha propuesto que se exploten los terrenos de Cloete y Nueva Rosita de manera organizada, “sin dañar a nadie”, y que todo ese mineral sea administrado por el municipio. Su idea es desalojar a toda la gente de estas zonas, extraer el carbón y volver a tapar las minas. Así, los habitantes podrían regresar en paz.

“Lo que estoy peleando internamente aquí, con el municipio, es que se abran todo lo que son concesionarios. Sabinas está rodeado de concesiones de carbón”.

Julio Sánchez, subsecretario del Trabajo en Sabinas, piensa que debería haber una labor conjunta entre todas las dependencias involucradas. “El derecho al trabajo y el derecho a una vivienda o un lugar digno para vivir no deberían de estar peleados y no se debería de dar preferencia a uno u otro. Debería estar equilibrado”.

“Hay un principio en el derecho ambiental internacional que es: el que contamina paga”, informa Gustavo Alanís Ortega, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. “Si tú dañaste, si tú contaminaste, debes asumir los costos de esas afectaciones”.

Auerbach advierte que en Cloete los daños son millonarios: “Si el estado de Coahuila tuviera que asumir la responsabilidad del daño que se ha provocado, se va a la quiebra. Tienes que rehacer casas. Tienes que escriturar terrenos. Tienes que abrir procesos penales contra los que hicieron este daño”. Y agrega: “Una reparación del daño tiene que ver, sobre todo, con humanizar la minería del carbón. Aquí queda todo por hacer y se requiere de un tiempo de reconciliación”.

No es un caso aislado

Cloete no es el único pueblo afectado por la minería del carbón.

El 16 de octubre de 2015, la CNDH recibió otra queja de La Florida en Múzquiz, Coahuila. En el documento, los vecinos de ese pueblo denuncian que existe actividad minera al interior del poblado que “ha provocado afectaciones no sólo a los derechos humanos, al agua potable y saneamiento, salud y medio ambiente saludable, sino incluso a los de integridad personal, derecho al desarrollo y la participación, propiedad privada y al acceso a la justicia”.

Los poblados Las Esperanzas y La Sauceda también han enviado quejas a la CNDH. “Hay otros pueblos en los que hay plantas lavadoras funcionando dentro de los pueblos y la gente respira carbón todo el día. No les han tirado la casa, les están tirando los pulmones”, acusa Auerbach.

El sacerdote Pedro Pantoja es optimista, a pesar de que reconoce la gravedad de los daños que se han ocasionado en la Región Carbonífera de Coahuila. “El carbón sigue siendo una esperanza de producción, de vida y de desarrollo comunitario”, pero se le debe atender “seriamente”.

* Este reportaje fue realizado para Expansión en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.