El sector patronal pide fiscalizar fideicomisos de apoyo a damnificados

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se pronunció en favor de que los fideicomisos creados para canalizar la ayuda a los damnificados por los sismos operen con criterios de transparencia y fiscalización, pese a que por ley son de carácter privado.

En su mensaje semanal, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, sostuvo que tales instrumentos de ayuda deben ser supervisados y auditados como si fueren públicos, con el objetivo de conocer a detalle cómo se ejercen estos recursos.

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“Es preciso poner candados para que ningún político lucre ni saque ventaja de las labores de ayuda y de reconstrucción. Demandamos a los gobernantes ser prudentes, sensatos y poner lo trascendente por delante y no su imagen en la entrega de la ayuda a los damnificados”, enfatizó.

De Hoyos Walther exigió que en todos los casos se haga valer la ley y se castigue ejemplarmente a los responsables de un eventual mal uso de los recursos de esos fideicomisos.

“Nuestra clase política tiene que estar a la altura de las circunstancias. La sociedad ha dado su voto de confianza volcándose para ayudar, por ello los ciudadanos vamos a velar por la integridad del gasto de la reconstrucción”, remarcó.

Explicó que miles de ciudadanos han solicitado a los partidos políticos que donen parte de los recursos aprobados para su operación y campañas electorales a las víctimas de los sismos.

“Por ello demandamos al Poder Legislativo apruebe las reformas legales necesarias para disminuir radicalmente, por lo menos para el ejercicio 2018 y las elecciones a celebrarse, el financiamiento público ordinario y el de campaña que tienen previsto recibir los partidos políticos”, enfatizó.

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El dirigente patronal opinó que el Congreso debe aprovechar la discusión del paquete económico para realizar los ajustes que sean necesarios al Presupuesto 2018, dando prioridad a las necesidades de los damnificados.

Adelantó que los empresarios de la Coparmex van a trabajar en la evaluación económica sobre el futuro de las regiones centro y sureste del país, afectadas por los sismos, comenzando por los hogares de los colaboradores, hasta las empresas que han sido afectadas.