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La Cofece busca llevar a la Suprema Corte la 'Ley Compadre' de Tabasco

Las modificaciones a las normas de adquisiciones y obras públicas van contra la Constitución, según el regulador, que ahora busca involucrar en el caso a la Suprema Corte.
Promesa.
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido construir una nueva refinería en Tabasco, con el fin de producir más gasolinas con el petróleo que extrae Pemex.

Las modificaciones a las leyes de adquisiciones y obras públicas en Tabasco van contra los preceptos legales constitucionales sobre competencia y contra el uso eficiente del presupuesto por parte de los estados, afirma la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Por ello, el ente antimonopolios estudia cómo revertirlas.

“Nosotros vamos a analizar qué medios legales tenemos para pedir a la Suprema Corte que haga una revisión de esa ley”, dice Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la Cofece.

Lee: ¿Qué es la 'Ley Compadre' y porqué está causando polémica?

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El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, publicó el sábado pasado los cambios a las leyes de adquisiciones y obras públicas, que permiten otorgar contratos de manera directa para proyectos que se consideren como “esenciales” para detonar el desarrollo económico de la entidad.

La ya conocida como 'Ley Compadre' va encaminadas a evitar que estos procesos pasen por licitaciones públicas abiertas, como las que se esperan recibir en el sector energético para la construcción de una nueva refinería o para la exploración y producción de petróleo.

La Cofece envió una opinión dirigida al gobernador tabasqueño para que vetara los cambios legales aprobados por el Congreso local, debido a los riesgos que implican en materia de competencia.

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Pero las modificaciones recibieron el aval del gobierno local, y se publicaron en el diario oficial local el sábado pasado. La Cofece se enteró después, debido a que el diario local no se había actualizado en internet.

La Comisión ahora estudia las opciones que tiene para pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que analice las modificaciones, a la luz de los artículos 28 y 134 Constitucional.

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