La huelga ensombrece el plan de separación de Telmex

Ya pasaron 30 años de aquella sacudida en Telmex y su sindicato, cuando creían que saneando a la empresa sería suficiente para que no se re-privatizara. En aquel entonces, Francisco Hernández Juárez ya era representante de los sindicalizados de Teléfonos de México (Telmex). La empresa acabó privatizándose en 1991. Hoy, de nuevo, con la separación de la empresa en dos entidades, enfrenta uno de los mayores desafíos para los telefonistas y sus derechos.

En ese tiempo, el problema eran los deficientes servicios al cliente. Ahora, la empresa es la que domina los servicios fijos de telecomunicaciones y el reto es que disminuya su participación de mercado a favor de la competencia equilibrada.

A partir de la reforma a la ley de telecomunicaciones en 2013 y la posterior creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se impusieron medidas adicionales a América Móvil –que controla a Telmex- en su condición de empresa dominante del sector. La medida más estricta para Telmex es el mandato del IFT de separarla en dos compañías: una que brinde servicios a usuarios residenciales y otra que atienda solamente a empresas o servicio mayorista.

Tanto Telmex, que no respondió a la solicitud de entrevista de Expansión, como su sindicato se oponen a esa orden, que no puede detenerse –gracias a las modificaciones de la ley-. La respuesta del sindicato es el emplazamiento a huelga para el próximo 25 de abril.

“Quieren que la nueva empresa se dedique exclusivamente a atender a la competencia a precios subsidiados, que se trasladen a la nueva empresa la mitad de los trabajadores y la mitad de los jubilados, de manera que -además de financieramente nacer con problemas- va a cargar con una nómina de esta magnitud. No vemos cómo se va a resolver”, explica Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM).

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Hace un año, la empresa explicó en un comunicado que los precios definidos por el IFT para los servicios mayoristas eran sustancialmente bajos respecto a referencias internacionales. "La resolución del IFT será impugnada conforme a las leyes aplicables”, señalaba entonces Telmex.

Aunque la huelga se aproxima, los usuarios finales no tienen nada que temer. Incluso puede quedar solo en amenaza. “Para los servicios de esta importancia hay previsiones en la ley, son extremas, pero existe la figura de la requisa, en la que el gobierno federal toma el control de las instalaciones mientras se lleva a cabo la huelga para asegurar que no se deje de proveer el servicio. Eso sería en un caso muy extremo”, explica María Elena Estavillo, excomisionada del IFT, quien tuvo participación en la resolución del Instituto.

Por tratarse de un servicio de interés general, la ley del sector prevé en el artículo 117 que el IFT debe proporcionar al Ejecutivo federal el apoyo técnico que se requiera. Por tanto, los clientes de la empresa no deberán presentar afectaciones.

Efectos en los trabajadores
En cuanto a las posibles afectaciones para los empleados, Estavillo afirma que en la resolución de la separación de Telmex se tuvo cuidado de no inmiscuirse en aspectos laborales en los que el IFT no tiene atribución. "Lo que busca la resolución es proteger la competencia y facilitar el acceso de otros operadores a los servicios mayoristas de Telmex”, asegura.

“Creo que no hay afectación porque es una separación funcional, pero eso no quiere decir que tengan que despedir a la gente”, apunta Gonzalo Rojon, socio director de la consultora The Competitive Intelligence Unit.

En tanto, el líder sindical teme la quiebra de la empresa con el modelo de costos que impuso el Instituto. “No le vemos futuro con ese proyecto del IFT. La empresa misma (Telmex) nos ha dicho claramente que si no se modifica esta decisión del IFT no ve cómo pueda salir adelante, ni siquiera quiere hacer un acuerdo con nosotros porque nos trae en incertidumbre y le ha pedido al IFT que le dé una prórroga que cambia el modelo”, detalla Hernández Juárez.

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El 27 de marzo, el IFT informó de los cambios en la fecha límite para concluir la transferencia de personal, que deberá producirse a más tardar el 31 de enero del próximo año. La fecha original era el cierre del primer trimestre de 2019. El Instituto destacó que “los cambios que no afectan la operación diaria de Telmex y Telnor, ni la provisión de los servicios mayoristas que a la fecha prestan a diversos concesionarios”, pero sobre las afectaciones que alega el sindicato, el IFT no contestó a Expansión.

Estavillo y Rojon coinciden en que el emplazamiento a huelga es una forma de retrasar el proceso de separación funcional. “América Móvil separó los servicios de Telesites, que administra las torres de servicios móviles. Esa fue una decisión autónoma de la empresa y no hubo las complicaciones laborales que ahora alega Telmex, vemos una resistencia de la organización a hacer el cambio que ordenó el Instituto”, señala la excomisionada.

Respecto a qué pueden hacer los trabajadores, Sandra Rodríguez, directora de Jurídica en Telecomunicaciones, asegura que para su protección “tiene que operar la ley federal del trabajo en consideración de salvaguardar los derechos de los trabajadores y más de los jubilados”, un tema que preocupa al sindicato.

“La empresa se ve obligada a subsidiar a la competencia con tarifas por abajo de su valor, por lo tanto, una empresa que no recupera su inversión, que no tiene posibilidades de reinvertir, pues quiebra”, opina Hernández, que aún tiene esperanza de que el gobierno federal intervenga.

Las veces que el STRM ha dicho que se va a huelga por la separación de Telmex:

- En julio de 2017, cuando se amparó por el proceso de separación.

- El 5 de septiembre de 2017 hizo un paro nacional y para el 25 de septiembre 2017 dijo que haría un emplazamiento a huelga que no ocurrió.

- Para el 16 de enero de 2019 anunció que se realizaría la huelga, pero modificó la fecha al 27 de marzo.

- El 27 de marzo de 2019 era la fecha prevista y, finalmente, será el próximo 25 de abril el día elegido.

En sus filas, el STRM tiene a 60,000 sindicalizados, de los cuales 28,000 trabajadores están jubilados.