La fabricante cervecera Constellation Brands continúa en comunicación con el gobierno federal para llegar a un acuerdo "que beneficie a ambas partes", luego de que una consulta ciudadana se saldó con la cancelación de la planta que tenía en construcción en Mexicali.
Constellation Brands va por "un acuerdo que beneficie a todas las partes"
La cervecera asegura que busca establecer los pasos de actuación respecto a la cancelación del proyecto.
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"Hemos tenido un diálogo respetuoso con las autoridades del gobierno en México sobre los siguientes pasos de nuestro proyecto de construcción en Mexicali", comentó la firma en un comunicado.
Todavía no se ha dado a conocer en qué estado se encuentran estas negociaciones ni de qué forma se restaurarán los daños hacia la empresa por la inversión de 1,400 millones de dólares en el proyecto.
Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se reunió con directivos de Constellation Brands para buscar un acuerdo a través de la conciliación, por lo que ya se habla de buscar otras localidades para la construcción de la planta cervecera que se detuvo en Mexicali a raíz de la consulta.
"Les explicamos que ya era una decisión tomada por los ciudadanos y se respeta la voluntad del pueblo, la voluntad mayoritaria de las personas. Ya estamos viendo otras opciones, otros sitios", dijo en su conferencia matutina.
A finales de marzo se realizó una consulta con los habitantes de Mexicali para decidir si la planta que la cervecera construía en el lugar debía continuar. El 76.1% de los consultados votó por el "No".
La construcción de la planta fue criticada por el gobierno federal bajo el argumento de que se construía en una zona con poca disponibilidad de agua.
La decisión de cancelar la planta, que ya contaba con todos los permisos, ha sido calificada como una mala señal para la inversión por parte de las principales cámaras del sector empresarial. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que la decisión de no otorgar los permisos de Conagua es "arbitraria, autoritaria y unilateral; violenta la legalidad y el Estado de Derecho, daña a la comunidad y a los trabajadores y es una pésima señal hacia la sociedad y el mundo de que las reglas democráticas no se respetan en México".
Por su parte, la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham), que representa a 1,400 empresas estadounidenses en el país, también manifestó su preocupación sobre el mensaje que lanza este tipo de consulta hacia la inversión privada.
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